Concretamente, de los 31 expedientes resueltos, 11 corresponden a residencias de tercera edad, 12 a centros de día, 4 corresponden a centros sociales y 4 a clubes de convivencia. La totalidad de plazas autorizadas ha sido de 1.176 plazas residenciales y 319 plazas de día.

La consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, explicó que la obtención de la autorización administrativa de funcionamiento expedida por la Consejería es imprescindible, "ya que sin ella ningún centro para personas mayores puede entrar en funcionamiento, y por tanto no puede proceder al ingreso de residentes"

Para obtener dicha autorización, una residencia para personas mayores deberá cumplir la legislación general vigente en materia urbanística, de actividades, seguridad, sanidad, edificación y salubridad. Además, deberá reunir una serie de requisitos materiales para satisfacer adecuadamente las necesidades de las personas mayores que van a residir en ella.

El espacio donde habiten debe favorecer el desarrollo de las actividades de la vida diaria de los residentes, el fomento de su autonomía e independencia, y la posibilidad de que se puedan desarrollar otro tipo de actividades.

De Miguel indicó que el objetivo es que "el entorno, los espacios, el mobiliario, etc., hagan la vida de las personas mayores más fácil y agradable, eliminando obstáculos y barreras arquitectónicas, favoreciendo así su integración y comunicación. Se pretende que la calidad de vida de las personas mayores se mantenga y mejore y que en el diseño del centro se respeten al máximo los derechos de la persona".

Una vez que se comprueba que la documentación presentada por el titular del centro es completa y correcta, y si el informe de la Oficina Técnica de Proyectos y Obras de la Consejería de Bienestar Social es favorable, se procede a la autorización administrativa de funcionamiento del centro, con la comprobación previa de que el centro cumple las condiciones funcionales y/o estructurales.