En un comunicado, Bienestar catalán explica que está colaborando desde el primer momento en la investigación y la instrucción judicial de los abusos sexuales que supuestamente padecieron unas chicas menores de edad cuando estaban acogidas en el centro Vilana, situado en el distrito de Sarria de Barcelona.

Inmediatamente que tuvo conocimiento de los hechos, en mayo de 2004, el Departamento de Bienestar los denunció y aportó una cinta de vídeo como prueba a la Fiscalía de Menores. La cinta, que llegó a manos de los responsables de la Dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), contiene los relatos de unas chicas que cuentan los supuestos abusos y maltratos de los que habían sido testigos durante su internamiento.

Desde entonces, el departamento autonómico participa en la investigación y atiende todos los requerimientos de la Fiscalía de Menores y de la Policía Nacional para que se llegue hasta el final en el esclarecimiento de los hechos y se depuren las responsabilidades pertinentes.

Actualmente, la investigación, que se inició a petición del Departamento de Bienestar y Familia, consiste en localizar a las víctimas, la mayoría en paradero desconocido. En este sentido, colabora en varias líneas de investigación que tienen como objetivo localizar a las víctimas que presuntamente habían padecido las agresiones.

HACE CINCO AÑOS

Los supuestos hechos que ahora se investigan se produjeron entre 1997 y 2000, cuando el centro Vilana, que dependía del Departamento de Justicia, estaba especializado en la protección de chicas desamparadas de 12 a 18 años. Este centro se cerró a finales de 2001 y se reabrió a finales de 2002 como centro de inserción laboral para jóvenes extranjeros.

En la actualidad, este centro que depende de la DGAIA acoje mayoritariamente chicos menores magrebíes en situación de riesgo social.

Desde Bienestar y Familia, agrega la nota, "siempre se ha animado a los directivos de los centros propios y concertados para comuniquen con la máxima celeridad posible cualquiera presunto delito o irregularidad".

Por otra parte, el Departamento también quiere poner de manifiesto la "importante" tarea que realizan los más de 2.000 educadores que trabajan en los centros de menores, "y que tiene una gran repercusión para la sociedad".