Afirmó que en el citado acuerdo entre Zapatero y los nacionalistas catalanes "sólo dejan la educación, la sanidad y los servicios sociales como objetos de la solidaridad del sistema, y no todos los servicios públicos, entre ellos, la vivienda y la inmigración, al estar cedidas estas competencias".

"Aunque no sabemos todavía" cuál es el sistema de financiación que defienden el PSOE y el Gobierno, "lo que está claro" es que el acuerdo de Zapatero con CiU "va a resultar beneficioso para Cataluña porque contiene un aspecto que indica que en siete años la inversión del Estado va a estar indiciada al PIB".

"Lo único que conocemos es que el Gobierno ha dicho que tiene un acuerdo con CiU", reiteró Beteta, quien afirmó que, en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiero, el PP planteó 50 preguntas para "conocer los aspectos concretos de unacuerdo político del que sólo sabemos que está colgado en la página web de CiU".

"Hay que concretar tantísimas cosas sobre este acuerdo que lo que destila profundamente es insolidaridad", explicó Beteta, que también explicó las razones de su oposición al proyecto de Estatuto de Cataluña que se debate en el Congreso de los Diputados.

"Es una norma muy mala para los catalanes, y también para los españoles, porque es profundamente intervencionista y además rompe el principio fundamental de que España es una nación", indicó Beteta, para quien "lo que figura en el preámbulo -sobre esta cuestión- es un torpedo en la línea de flotación del proyecto de la Constitución de 1978".

Destacó que "los nacionalistas no pretenden que España sea fuerte y sí que lo sea cada uno de sus territorios, y que el Estado sea débil. Eso es muy malo para España", añadió.

Con respecto al reglamento que prepara el Gobierno regional para desarrollar la Ley Antitabaco, explicó que "antes de opinar primero habrá que leer el texto" y dijo que las criticas del PSOE a este decreto forman parte de la "campaña de mentiras de Simancas".

"En el fondo, piensan que, como ellos -los socialitas- fueron capaces de derogar una ley orgánica como la LOE a través de un decreto, la Comunidad puede ser capaz de llevar a cabo una acción de esa naturaleza", afirmó.

Aseguró que, "en ningún caso", el Gobierno presidido por Esperanza Aguirre "va a atentar contra la ley", aunque precisó que "sí va a buscar que haya respeto para el conjunto de los ciudadanos, con más ámbitos de espacios de libertad".

"La norma del Estado es muy excesivamente restrictiva, de hecho ya han corregido, dando posibilidad a los quiosqueros de vender tabaco", afirmó Berteta, quien aclaró que la Comunidad de Madrid "irá en esa línea de trabajo: buscar ámbitos de libertad y mantener los derechos de todos, siempre dentro de la ley, que da siempre muchas posibilidades de actuar".

Tras reconocer que la Ley Antitabaco fue aprobada con el apoyo de todas las fuerza políticas, explicó que "una cosa es la aprobación de una norma de carácter general y otra ver su aplicación en cada una de las comunidades autónomas".

"Es lo bueno de los reglamentos, que tienen que concretar aspectos de la ley que no tienen porque ser uniformes en todas las comunidades autónomas. Aguirre está hablando con todos los sectores sociales para que, respetando una norma y un principio de carácter general, asegurar losderechos del no fumador a no verse perjudicado por el humo de los demás, a los que también hay que respetar", concluyó.