Según explicó Beteta, esa sentencia destaca que dicha empresa realizaba una actividad financiera al captar los ahorros de más de 180.000 personas con la finalidad de obtener una segura y prefijada retribución, y no con la de intervenir en el mercado filatélico.

En concreto, añadió, el titular del Juzgado número 6 de lo Mercantil de Madrid dictó una sentencia el pasado día 3 de noviembre, en la cual se reitera, tanto en los antecedentes de hecho como en los fundamentos de Derecho, que queda "expresamente probado" que Afinsa realizó "captaciones de ahorro" a través de una "operación financiera" y con operaciones de imposición a plazo.

"Resulta que la actividad en masa realizada por la concursada puede y debe calificarse -a efectos civiles- como financiera y ejercida en el ámbito de la actividad crediticia", señala uno de los apartados de la sentencia.

Asimismo, según el consejero, el fallo indica que la empresa no tenía que estar regulada por una disposición adicional de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Finalmente, el juez afirma que su sentencia "es definitiva, no siendo susceptible de recurso alguno".

Beteta señaló que la sentencia establece que se trata de una actividad financiera, por lo que la vigilancia de esa empresa, la intervención en la misma y, por lo tanto, la responsabilidad patrimonial en su caso, son achacables al Gobierno central y no al autonómico, a cuyas autoridades de Consumo se quiso cargar la responsabilidad sobre Afinsa por tener su sede social en Madrid.

El consejero destacó la importancia, respecto a la responsabilidad del Gobierno central a la hora de inspeccionar presuntas irregularidades, de que la sentencia haya puesto de manifiesto que Afinsa realizaba una actividad financiera.

Denunció que, además de aprobar el año pasado la Ley sobre Bienes y Servicios con oferta de revalorización, trasfiriendo la competencia a Consumo, el Ejecutivo central ha llevado al Congreso el actual proyecto de ley por el que las empresas que conceden créditos o son intermediarias financieras, algunas de las cuales ofrecen soluciones para aglutinar las deudas de las familias, pasarían también a estar controladas por las autoridades autonómicas de Consumo.

Concluyó que dichas autoridades carecen actualmente de competencias en la materia, así como de los medios materiales y humanos necesarios para esas tareas de control.