Asimismo, negó que los capellanes tengan poder de decisión en los citados comités y aseguró que su función se limita a la "asistencia religiosa de aquellos pacientes que así lo soliciten".

Beteta explicó que así queda establecido en el apartado 3 del convenio que se ha renovado este año tras expirar el que se firmó en 1997.

Insistió en que estos religiosos "no tienen poder de decisión, como no lo tiene ningún miembro de estos comités, como tampoco la tienen en temas relacionados con los cuidados paliativos".

El origen del convenio se remonta a los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, de enero de 1979, desarrollados en 1985 mediante un acuerdo sobre la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios públicos.