Asimismo, plantea que se "abra un proceso de diálogo simultáneo, igual y conjunto con todas las Comunidades Autónomas, desechando la posibilidad de negociaciones bilaterales" y "garantice que, en el desarrollo del modelo actual, ninguna comunidad autónoma pierda recursos respecto de la situación actual y la suficiencia de los mismos para la prestación de niveles similares de servicios".

Beteta propone igualmente que se proceda "de forma inmediata al completo desarrollo de todos los elementos que conforman el modelo actual (Lealtad institucional, Fondo de Incapacidad, Fondo de Cohesión Sanitaria, asignaciones de nivelación, y la variable de población en todas sus manifestaciones como elemento determinante del coste de los servicios) y que resultan de especial trascendencia para superar las deficiencias de la actual financiación de las Comunidades Autónomas".

Además, el PP pide que se active "inmediatamente un grupo de trabajo de lealtad institucional con fijación de un calendario de objetivos precisos" y que la Administración central "defienda firmemente en el proceso de negociación con la Unión Europea de las perspectivas financieras 2007-2013 los intereses de todas las Comunidades Autónomas, la existencia de periodos transitorios para el Fondo de Cohesión, el mantenimiento de los niveles actuales de ayuda para las regiones que permanecen en los objetivos 1 y 2, y la mejora sustancial de las propuestas de la Comisión para aquellas regiones que abandonan el objetivo 1 por crecimiento natural o convergencia estadística"

Beteta presenta esta iniciativa, "ante el debate reabierto en los últimos meses sobre la financiación autonómica, y conscientes de la gran trascendencia del resultado de este debate para el Estado de las Autonomías y la cohesión territorial".

Asimismo, expresa "nuestro absoluto compromiso con un modelo general de financiación en el que la suficiencia y autonomía financieras, y el principio de solidaridad se mantengan como fundamentos esenciales".

"Nuestro texto constitucional establece que sea el Estado el que garantice la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el reequilibrio territorial. Por ello, asegurar un nivel de prestación de los servicios públicosen todo el territorio español es una responsabilidad del Gobierno de la Nación", añade.