Tampoco reconoció la existencia de un supuesto grupo financiero que llevara su nombre y neó haber pedido al ex consejero delegado del Banc Català de Crèdit, José María Xercavins, que cambiara su titularidad de una inversión millonaria efectuada a nombre del pescador Manuel Díaz después de que éste tuviera conocimiento del uso de su DNI sin su consentimiento. Xercavins había afirmado ante el juez que Bertran de Caralt le dio órdenes para ello.

Por otra parte, el industrial catalán reconoció que las declaraciones de renta de los años 1987 a 1991, en las que constan sus ingresos como consejer de la cementera Asland, Aguas de Barcelona y Albar por un importe de 11 millones, eran válidas, igual que los rendimientos de capital de entre 19 y 20 millones, mientras que la declaración de patrimonio era algo superior a los 1.000 millones de pesetas.

En la sesión del juicio prevista para esta tarde tienen que declarar las tres personas más vinculadas a Bertran de Caralt y que supuestamente gestionaron sus inversiones: Timoteo Ramírez, Jaime Parera y Manuel Ribas.

El fiscal acusa al empresarioy a éstos últimos de idear un sistema para ocultar a Hacienda las inversiones del empresario eludiendo el pago de impuestos pero sin renunciar a obtener rendimiento del dinero. Con esta finalidad abrieron cuentas a nombre de titulares falsos con las que operaban para realizar inversiones en activos financieros.

El ministerio público pide para Bertran de Caralt 10 años de prisión por un delito continuado de falsedad en documentación mercantil y tres delitos contra la Hacienda pública. Para los 17 acusaos por el caso las penas solicitadas suman 69 años de cárcel.