Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Bermejo manifestó su "enorme sensibilidad" con la situación en la que se encuentran cinco compatriotas, entre ellos Pablo Ibar, al que aludió expresamente el diputado del PNV Emilio Olabarría en su pregunta al ministro.

Bermejo aseguró que algunos de esos casos son "extremos", por lo que el Gobierno se siente "preocupado" y tiene previsto realizar varias actuaciones a lo largo del próximo año.

Además, destacó que el Ministerio de Justicia está trabajando "en la elaboración del reglamento del estatuto de ciudadanía extranjero, para que toda esa actividad esté planteada y sea más eficaz".

Por su parte, el peneuvista Emilio Olabarría acusó al Ejecutivo de "no hacer nada" para salvar de la pena de muerte a los españoles condenados en el extranjero y pidió una acción urgente con los 67 países que tienen implantado este "paraíso" de la pena capital, para evitar nuevos casos.

Olabarría adujo que, en la mayoría de los casos, la pena de muerte suele llegar por un "mal funcionamiento" de la Justicia. En este sentido, se refirió a la "situación insostenible" de Pablo Ibar, preso en Estados Unidos.

Señaló que "el abogado de Pablo Ibar va a testificar" en su caso después de haber perdido la licencia de abogado, "para acreditar que fue su negligencia profesional la que motivó la pena de muerte".

Olabarría emplazó al Gobierno a poner soluciones con el argumento de que actualmente existe un "incumplimiento" de una proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso en 2006, en la que todos los grupos pedían una "asistencia jurídica solvente" para estos ciudadanos españoles.

Por su parte, Bermejo negó que desde el Ejecutivo no se estén dando los pasos oportunos, ya que "se han hecho muchas cosas", y puso como ejemplo la financiación de un estudio sobre la situación de los españoles condenados a muerte.

El ministro explicó que ese estudio puede servir "de base" para las actuaciones futuras de su departamento, pero advirtió de que los pasos que dan otros países, como México -con unos 200 condenados a muerte en Estados Unidos-, no pueden tomarse como referencia, porque "la solución mexicana no nos sirve a nosotros".