Con esta medida, el ministro pretende eliminar "cualquier trato de privilegio o favor directo o indirecto" a los narcotráficantes encarcelados que intenten aprovechar el sistema penitenciario para continuar con su actividd delictiva.

Belloch explicó que no se trata de decisiones uniformes para todos los afectados, sino que en cada caso se tomarán las medidas necesarias para atajar las irregularidades. En ocasiones el problema se solucionará con un traslado de cárcel y en otras con "la adecuación del servicio o trabajo que desempeña el condenado".

El ministro ha recibido varias denuncias de grupos sociales sobre las supuestas actividades de los traficantes dentro de las cárceles y se ha mostrado dispuesto a acabarcon ellas.

Puntualizó una vez más que su departamento no tomará en consideración la posibilidad de instalar cámaras de vídeo en las calles del casco antiguo de Madrid en tanto no esté concluido el informe interno de Justicia sobre la constitucionalidad de dicha medida.

Sobre el futuro de los gobernadores civiles, Belloch recordó que el Gobierno no tiene tomada ninguna decisión a pesar de que dos ministros del Gabinete (Jerónimo Saavedra y él mismo) han expresado opiniones contradictorias sobre es asunto.

Según Belloch, "debe trabajarse en la línea de simplificar la administración periférica y en eso existe un cierto consenso; en los demás temas no hay decisión y yo no debo alimentar ese debate".