Belloch considera que el cese fulminante de Aranda sólo puede respnder a dos razones: una de carácter político, por pérdida de confianza de su superior jerárquico, y otra de carácter jurídico, por incumplimiento de sus deberes profesionales, en cuyo caso se le podría aplicar una sanción disciplinaria.

Por ello, el Grupo Socialista ha solicitado la comparecencia urgente del Fiscal General del Estado ante el Congreso para que explique el motivo de su decisión. Los socialistas se reservan la posibilidad de pedir la comparecencia de la ministra de Justicia, Margarita Maiscal de Gante, en caso de que el Consejo de Ministros confirme la medida adoptada por Ortiz Urculo, que ellos consideran "muy grave" y "absolutamente errónea".

"Es imprescindible que conozcamos las razones objetivas jurídicas y reservadas que han determinado la adopción de esta propuesta porque es la primera vez en la historia de la democracia española que se hace uso de la posibilidad de remover a un fiscal jefe de un órgano judicial haciendo uso del más que discutible artículo 41 del Estatuto del Mnisterio Fiscal", dijo.

GRAVE DAÑO

La decisión ya ha provocado un "grave daño, en nuestra opinión injustificado, a la honorabilidad profesional del señor Aranda y un grave daño porque lanza un mensaje incomprensible a la sociedad", afirmó el portavoz socialista.

"Cómo puede ser", añadió, "que en virtud del principio de autoridad se cese al fiscal jefe de la Audiencia Nacional y que le sustituya en sus funciones un fiscal expedientado. Eso no hay quién lo entienda. Es imcomprensible que no se haa esperado al resultado de los expedientes disciplinarios antes de adoptar ninguna decisión".

Afirmó que el PP ha sido el único Gobierno que se ha atrevido a atentar contra la inamobilidad de los fiscales jefes, contradiciendo su propia postura que defendía la implantación de una Fiscalía General del Estado como órgano independiente y no sólo en el que estuviera garantizada su imparcialidad.

Por ello, considera que si la destitución de Aranda es un cese político se contradice este principio de inependencia, sentando un precedente de consecuencias peligrosas, por el cual cualquier fiscal asignado a un órgano jurídico podría ser destituido.

Considera, asimismo, que con esta decisión se podría estar aplicando un régimen disciplinario "por vía fraudulenta", es decir, sin seguir los procedimientos legalmente establecidos, lo que haría "víctima al señor Aranda" y, por tanto, sería recurrible ante los tribunales.

Según Belloch, de las explicaciones que dio Urculo sobre el cese de Aranda se despende que se trata de una sanción administrativa puesto que se le acusa de no haber sabido cumplir adecuadamente con el principio de autoridad, es decir, "que no supo cumplir con sus deberes profesionales, por lo que no se le achaca una falta de confianza sino una falta disciplinaria cuya sanción sólo se puede realizar a través de un expediente".

El portavoz socialista elogió el trabajo realizado por Aranda al frente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contraviniendo su costumbre y "dado que ha sid objeto de una acusación injusta y que ha sido puesta en duda su honorabilidad profesional".

"Me atrevo a elogiar sin ninguna duda la trayectoria profesional del señor Aranda. Ha sido un gran fiscal que ha tratado de hacer un trabajo muy difícil, como consecuencia del cual se ha producido este cese", aseguró.