Belloch anunció a los portavoces de la comisión de Justicia de la Cámara Alta que prepara ya el real decreto para unificar los reglamentos sobre objeción y oficina para la prestación sustitutoria, de forma que se agilice el plazo entre la declaración del joven como objetor y el cumplimiento de su PSS.

Este decreto prevé un cierto endurecimiento para los objetores, mediante posibles entrevistas personales por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia y un control de verificación de las taras que realicen. Para ello el Ministerio multiplicará por tres el número de inspectores que supervisará las plazas que se cubran.

Juan Alberto Belloch negó, a preguntas de la portavoz del PP en la comisión, que el plan de objeción haga aumentar el número de insumisos. El ministro, tras precisar que hay que esperar al menos un año para comprobar la repercusión del plan, consideró "especulación" asociar el plan de choque con el posible aumento de insumisos.

Según las previsiones de Belloch, el desmsurado aumento de los objetores en los últimos meses (explicó que el pasado mes de marzo se declararon más jóvenes como objetores que en todo el año 1988) será atajado en 1996.

Tras señalar que faltan recursos económicos para agilizar el plan sobre objeción, Juan Alberto Belloch anunció también el incremento de los medios humanos al servicio de la PSS, en un 119 por ciento.

CONTROL A LOS OBJETORES

Un dato especialmente relevante y crítico apuntado por Juan Alberto Belloch es la creación de un bnco de datos sobre los objetores, que posiblemente serían incluidos en el archivo, ya existente, del Servicio Militar.

Los senadores del PP insistieron en la necesidad de tratar con "mucho cuidado y especialísimo control estos datos sensibles sobre las personas". Belloch dijo que existirá absoluta reserva en los datos, aunque no precisó quien se encargará de realizar el fichero.

Otros puntos previstos en el borrador de decreto adelantado hoy por el ministro son la supresión de las dotaciones a lo objetores excepto en los casos estrictamente necesarios, un acuerdo con el Insalud para normalizar los reconocimientos médicos a los objetores y la implantación de periodos de formación que eviten la posible incompetencia de los jóvenes cuando acudan a realizar su prestación.

El ministro de Justicia declaró también en su comparecencia que su departamento seguirá potenciando acuerdos como los ya firmados con la Conferencia Episcopal, el Insalud y el Ministerio de Asuntos Sociales para colocar con rapiez a los objetores.

El objetivo del ministerio a corto plazo es que durante este año se creen 30.000 plazas para objetores más que en 1993 y que empieze a no extralimitarse la barrera de un año desde que el joven se declara objetor hasta que empieza a cumplir su prestación social sustitutoria al servicio militar.