Belloch contestaba así a una pregunta del diputado del PP Ingnacio Gil Lázaro, quien pidió explicaciones al Gobierno sobre el indulto de los guardias Manuel Barroso y José Domínguez Tuda destinados en el cuartel donstiarra de Intxaurrondo y condenados por torturas. El Consejo de Ministros acordó la concesión de la medida de gracia en su reunión del 3 de marzo de 1995.

El responsable de Justicia e Interior acusó al diputado popular de negar que "todas las personas y todos los delincuentes tienen derecho constitucional a la reinserción. Desde el Gobierno se cree en la reinserción porque cree en ella la Constitución española de 1978, cuyo planteamiento usted no parece compartir".

Según Belloch, "el Gobierno hamantenido una postura clara e inequívoca llevando la tortura al Código Penal con un endurecimiento de las penas y manteniendo al pie de la letra las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que nos ha felicitado".

El ministro explicó que estos indultos sólo pueden entenderse "dentro del marco global de la política del derecho de gracia que implica cinco condiciones: no discriminación en función del delito o la persona que lo cometió, tiempo en que los hechos tuvieron lugar,duración de la pena establecida, grado de cumplimiento y reinserción efectiva".

El análisis de estas cinco condiciones aplicadas al caso de los dos guardias civiles "aconsejaba que se les concediera el indulto", afirmó Belloch.

HOJA DE SERVICIOS

Las explicaciones del ministro de Justicia e Interior no dejaron satisfecho al diputado popular, quien aseguró que "una brillante hoja de servicios (como la exhibida por ambos funcionarios) no da bula a nadie para cometer delitos".

Gil Lázaro recoró que uno de los guardias civiles ya fue condenadopor tres delitos de tortura y posteriormente indultado por el Gobierno en 1991.

"Es lamentable", dijo el diputado popular, "que a estas alturas aún les tengamos que recordar al presidente del Gobierno y a usted que la tortura es el mayor atentado contra la dignidad y contra la libertad individual y que frente a ella ningún Gobierno puede permitirse la mínima conmiseración ni mirar hacia otro lado".

Ante los ataques del PP, el ministro recordó que l Parlamento vasco aprobó en octubre de 1994 una resolución en la que defendía el derecho de los guardias civiles condenados por torturas a ser indultados y precisó que esta iniciativa fue aprobada por el PSE-EE, PNV, UA y el propio PP de Euskadi.

Siguiendo esta linea argumental, Belloch dijo que esta postura demuestra que los políticos del País Vasco concocen la realidad y "no se atreven a hacer populismo frívolo como el que usted practica todas las tardes que hay sesión de control parlamentario".

BJETORES

El ministro respondió también a una pregunta del diputado del PNV, Emilio Olabarría, que reclamó también una mejora en las condiciones de la Prestación Social Sustitutoria (PSS) de los objetores de conciencia.

En concreto, Olabarría pidió que la duración de la PSS fuera idéntica a la del servicio militar así como el reconocimiento de la objeción sobrevenida, la eliminación de organismos que juzguen las razones de cada individuo para declararse objetor, la consideración positiva del silenio administrativo y que los puestos ocupados por objetores no sustituyan posibles trabajos remunerados.

En esto consiste, desde su punto de vista, la reforma progresista de la objeción de conciencia, opinión que no fue compartida por el ministro Belloch, quien defendió el caracter progresista del actual reglamento que regula este derecho.

Respecto a los robos de cosechas que se producen en la zona de Levante, el ministro anunció el incremento de la vigilancia en las zonas rurales a cargo de la Gurdia Civil, la intensificación de los controles sobre la procedencia de los productos y su transporte y el fomento de los canales de comunicación entre las organizaciones de agricultores de la zona y las fuerzas de seguridad del Estado.