Belloch explicó que salvo que una decisión judicial prohiba expresamente a los presos, ya sean penados o preventivos, las comunicaciones externas, éstos siguen conservando sus derechos fundamentales y por tanto su libertad de expresión.

Por tanto, denegar las entrevistas "sería someter los derechos fundamentales a un proceso de autorización previa qe es contrario a los principios democráticos. Denegar la autorización a Sancristóbal suponía prever lo que el preso va a decir y eso es censura previa, que está expresamente prohibida por la Constitución".

Belloch justificó su decisión de autorizar a Sancristóbal a hablar a la prensa, en una intervención de una hora ante la comisión parlamentaria de Justicia e Interior, ante la que solicitó comparecer por "el desconcierto y confusión que ha producido este caso en la opinión pública".

El ministro nsistió en que la autorización depende exclusivamente de la Administración penitenciaria y no de los jueces, a los que siempre se consulta para conocer su parecer pero que no tienen competencias a la hora de decidir. "El permiso del juez no es necesario ni exigible", aseguró.

En su opinión, Instituciones Penitenciarias no sólo tiene el derecho de autorizar las comunicaciones externas de los presos que no las tienen prohibidas por el juez, sino que también está obligada a garantizar que todos los interos pueden ejercer esos derechos constitucionales.

DESACUERDO CON SANCRISTOBAL

Al margen de esta valoración general, el ministro "deploró" el contenido de las declaraciones hechas por Sancristóbal, en las que acusaba al juez instructor del 'caso Marey', Baltasar Garzón, de formar parte de una trama organizada para derribar al presidente del Gobierno.

Se hizo "plenamente responsable" de la decisión de conceder autorización para esas entrevistas e insistió en que el Gobierno no había conculcado enningún caso el principio de legalidad. Para ilustrar su argumentación explicó, como ya hizo en su día la secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, el proceso que se siguió para autorizar al ex responsable de Interior a hablar con la prensa.

Recordó que le juez Garzón fue consultado y que la secretaria judicial del Juzgado de Instrucción número 5 devolvió la documentación y a través del teléfono comunicó a la dirección de la prisión que "Su Señoría no tiene nada que opinar, que hagamos lo que queamos porque no quiere darse por enterado", aseguró Belloch.

Tras esta afirmación, el ministro dijo que su departamento no acostumbra a conceder autorización de entrevistas a los presos si el juez del caso no considera conveniente que se celebren y aseguró que tan solo una llamada telefónica de Garzón oponiéndose a la concesión de la misma habría bastado para que la Administración Penitenciaria no permitiera a Sancristóbal el encuentro con los medios de comunicación.

El ministro apoyó su argumentaión legal en distintos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de diferentes juzgados, que en otros casos menos polémicos han emitido su opinión sobre la concesión de entrevistas a presos, evitando siempre el concepto de autorización, que, según dijo, "excede sus competencias".

VALORACION POLITICA

Belloch no evitó la valoración política de los hechos y afirmó que la salvaguarda de los derechos fundamentales tiene un precio que es necesario pagar. A su juicio, el Gobierno, al conceder esta autrización, no se guió por la valoración de las consecuencias políticas que podrían tener las declaraciones de Sancristóbal, porque "si se hubiera guiado por criterios de oportunidad no la habría autorizado", afirmación que produjo hilaridad en los bancos de la oposición.

Visiblemente irritado ante esta reacción, el ministro lanzó una carga de profundidad contra quienes dan más crédito a las palabras del ex policía José Amedo, condenado por su implicación en la trama de los GAL, que al antiguo responsabe de Interior Julián Sancristóbal.

"No puede haber dos medidas", dijo, "no puede haber declaraciones buenas o malas 'per se' de los imputados en función de que éstas puedan beneficiar o perjudicar a unas u otras personas. No se puede fingir, ni siquiera sentir indignación ante las imputaciones del señor Sancristóbal y al mismo tiempo alborozarse por las imputaciones del señor Amedo contra el presidente".

Eso, en opinión del ministro, "se llama doblez". Belloch, con gran contundencia, pidió a los epresentantes de los ciudadanos "respeto para todas las instituciones" y mostró su oposición a la celebración de "dos o tres procesos paralelos, uno en el juzgado y otro en la calle, mejor, uno en el juzgado y mil en cada esquina".

DOS MEDIDAS

Belloch condenó "con la máxima energía a quienes fingen escándalo cuando habla el señor Sancristóbal y toman como verdad probada las declaraciones e insultos del señor Amedo. Yo deploro las dos".

Apoyado en esta argumentación, se preguntó si quienes le ha pedido con tanto ímpetu su comparecencia en el Congreso habrían tomado la misma actitud de haber ido las declaraciones del ex director de la Seguridad del Estado en contra del Gobierno.

Reiteró el respeto del Gobierno a la acción de la justicia y recordó los argumentos que dio en su anterior comparecencia parlamentaria sobre la implicación del Ejecutivo en la organización de los GAL.

Según repitió para aclarar una vez más la posición del Gobierno sobre los GAL, el Ejecutivo "no tiene ninguna jusificación jurídica para utilizar medios ilegales en su promoción o defensa. Ningún terrorismo justifica acciones violentas de signo contrario y todas las imputaciones contra el Gobierno sobre el 'caso GAL' son falsas, por lo que es el más interesado en que se esclarezcan los hechos con la máxima rapidez".

Finalmente, pidió a todos los presentes que no traspasaran "los límites del sentido común" a la hora de juzgar los acontecimientos y confirmó que "frente a los ataques exagerados e irresponsables", e Gobierno "va a mantener el sentido común y sin entrar en esta escalada de descalificaciones".