Lo dijo durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales del Senado, en la que se pronunció sobre una cuestión (el impuesto a las grandes eléctricas) sobre la cual han mostrado puntos de vista divergentes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que apuesta por aprobarlo de inmediato, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que prefiere introducirlo en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Belarra expuso que espera que la negociación sobre la extensión del escudo social, cuya pretensión es alargarlo hasta al menos final de año, finalice con un “’feedback positivo” que posibilite la aplicación de un abono transporte por 10 euros con cargo al impuesto a las grandes eléctricas.

En ese sentido, defendió que la puesta en marcha de un abono transportes por 10 euros permitiría “mejorar la situación económica de quienes llegan con dificultad a final de mes, de quienes no pueden permitirse los precios de los carburantes y luchar de manera más eficaz contra la crisis climática”.

A su vez, propugnó que los próximos Presupuestos Generales del Estado deben tener un “objetivo muy claro: proteger a las familias y luchar contra la inflación”, y concluyó su intervención defendiendo la necesidad de abordar una “reforma fiscal progresiva y profunda que haga que pague más quien más tiene”.