Lo hizo en una entrevista en TVE recogida por Servimedia en la que dijo que “efectivamente se aprobará mañana” en el Consejo de Ministros y que lo hará sin “ninguna modificación de contenido sustancial”.

Por lo demás, insistió en que “era esperable” que el CGPJ se pronunciara en contra de la Ley de Vivienda, igual que en otros momentos lo hizo contra el matrimonio homosexual o la Ley contra la Violencia de Género, pero se mostró convencida de que, como en tales casos, "con el tiempo nos van a dar la razón", tanto la Justicia como el Partido Popular, de quien dijo que se opone "de boquilla" pero cuyos mandatarios auguró que terminarán aplicando las medidas que contempla.

Más adelante, contradijo el informe del CGPJ que desautorizó la norma alegando que invade competencias autonómicas al asegurar, una vez más, que las comunidades tienen "un papel fundamental" al ser las que tendrán que declarar las zonas tensionadas en las que se puede regular el precio del alquiler. "Hemos cuidado mucho el reparto competencial", atestiguó la ministra, si bien aseguró que "hay muchas medidas que se pueden aplicar en toda España".

Contra el poder judicial expresaría otra crítica rotunda cuando se le preguntó si Unidas Podemos nombrará algún sustituto para su exdiputado suspendido Alberto Rodríguez, al reafirmarse en que éste fue condenado en "un juicio sostenido sobre prueba falsas", pero sobre la Ley de Vivienda, de la que ella fue negociadora con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se explayó un poco más.

Así, reiteró su convicción de que se ha de "dejar atrás la cultura de la burbuja y del pelotazo urbanístico" y de que "esta ley empieza a empieza a caminar en ese sentido" con la regulación del alquiler, la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables y la ampliación del parque público.

Belarra defendió, como suele hacer, que la norma “tiene que salir cuanto antes”, dada la emergencia habitacional que vive España (no mencionó la moratoria de 18 meses que su propio texto contempla para elaborar los índices de precios), si bien admitió como "correcto" que los socios parlamentarios exijan demorarla mediante su tramitación como proyecto de ley para poder ser así "protagonistas" en la mejora del texto.