Así se refleja en el informe ‘Fiscalidad medioambiental en España’, elaborado por Julián Cubero, Pilar Más y Virginia Pou, en el que destacan “el creciente protagonismo de la fiscalidad medioambiental, tanto en España como en Europa como instrumento preferente en la lucha contra el cambio climático, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales”.

Sin embargo, los autores del documento advierten de que, aunque se observa un proceso de convergencia hacia la media europea, muchos de los impuestos medioambientales en España “no siempre ajustan la definición de su hecho imponible a una naturaleza y finalidad medioambiental”.

En este sentido se refieren al impuesto de hidrocarburos, explicando que su base imponible se expresa en unidades de peso o volumen del producto sin ninguna referencia a su incidencia sobre el medioambiente.

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Por otro lado, el informe también señala que, para alcanzar los objetivos de descarbonización de la economía, se requerirá una revisión de los impuestos considerados medioambientales en España. Asimismo, apuntan que “existe una necesidad de incrementar los recursos de las administraciones públicas, de tal manera, que, a la par que el necesario ajuste del gasto público, permita volver a un proceso de consolidación fiscal que reconduzca las cuentas públicas españolas hacia una senda de sostenibilidad”.

De esta forma, y en el contexto de las acciones del ‘Next Generation EU’, los autores del informe consideran que, dentro de la amplia reforma del sistema fiscal español que pretende acometer el Gobierno, se debería contemplar “necesariamente” una revisión de la fiscalidad medioambiental. Sobre este punto, además, añaden que “dicha reforma debería ser preferentemente neutra en términos globales, aumentando los recursos de los impuestos verdes en detrimento de otros tributos sobre la renta, el capital o el ahorro con impacto negativo sobre la actividad”.

Así, BBVA Research defiende que, “en aras de esa neutralidad, la reforma de la tributación medioambiental debería tender hacia unos pocos tributos, bien diseñados (eficientes, transparentes y sencillos) y con capacidad para corregir la externalidad negativa generada por las emisiones”.

Además, añade que “cualquier reforma que se plantee debería pivotar sobre la tributación de la energía y tener en cuenta las propuestas que se están planteando en la actual revisión de la Directiva Europea sobre fiscalidad de la energía”.

En este sentido, subrayó que la propuesta de la Comisión Europea va dirigida a establecer una nueva estructura de tipos impositivos basada en el contenido energético, y no en el volumen, de cada producto; y a ampliar la base imponible, incluyendo más productos y eliminando exenciones y reducciones actuales. Esto conllevaría la reforma de los impuestos sobre hidrocarburos, el carbón y la electricidad, y a introducir algún tipo de gravamen a los sectores de la aviación y el marítimo.

Sin embargo, el documento de BBVA Research advierte de que la propuesta de Bruselas conllevaría “una subida de la imposición medioambiental que podría suponer una pérdida de equidad tributaria, penalizando a los más vulnerables”, por lo que también contempla la posibilidad de eximir a los hogares vulnerables de la imposición al suministro de combustibles de calefacción o de electricidad, así como la aprobación de ayudas para facilitar la transición hacia fuentes de energía más limpias de dichos hogares.

En este sentido, Cubero, Más y Pou recomiendan que los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia “deberían facilitar dicha transición ecológica” y que la reforma del sistema tributario español reduzca el número de impuestos medioambientales, “refundiendo los múltiples impuestos que gravan la producción de la energía eléctrica, o los que gravan los vehículos, haciendo un sistema más sencillo y transparente”.

Por último, también apuntan que, para favorecer la simplicidad del sistema, “sería necesario la constitución de un marco tributario medioambiental claro a nivel estatal que, aun respetando la autonomía de las haciendas territoriales, establezca una regulación armonizada”.