Así lo defendió el jefe del Servicio de Estudios de la entidad, José Luis Escrivá, quien presentó en rueda de prensa el informe "Situación España".

Escrivá explicó que la idea sería poner en marcha un nuevo contrato de trabajo para nuevos empleados cuya indemnización por despido fuese aumentando en función de los años trabajados.

En su opinión, el esquema de negociación colectiva español no es lo suficientemente flexible para afrontar la pérdida de competitividad.

Así, Escrivá indicó que para ir reduciendo en los próximos años la dualidad del mercado de trabajo es necesario "reequilibrar las condiciones contractuales vigentes, manteniendo la protección media pero aumentando la de los trabajadores temporales".

Se trataría por tanto del denominado IVA social, es decir, emplear lo que se deja de recaudar vía cotizaciones sociales mediante otros impuestos.

Escrivá aseguró que esta medida se traduciría en la creación de unos 280.000 puestos de trabajo, lo que se produciría un año más tarde desde la toma de la decisión.

Por su parte, el economista jefe de España y Europa de BBVA, Rafael Doménech, indicó que esta iniciativa tendría un coste fiscal neutro desde el punto de vista recaudatorio.

Doménech explicó que esta medida permitiría aumentar la protección de los trabajadores. "Hay que tener actitud abierta para poner incentivos y tomar medidas para reducir la asimetría", afirmó.

Doménech, que fue subdirector de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, preguntado sobre cómo acogería el Gobierno la propuesta de ir hacia un contrato único, indicó que es "totalmente factible".

Ello tendría, a su juicio, un efecto "beneficioso" tanto para las empresas como para los trabajadores, porque elimina incertidumbres. Además, esta iniciativa contribuiría a sostener en el futuro el sistema de protección social.