En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Socialistaen el Congreso, Jesús Caldera, hizo mención a esta carta como prueba de que en la trayectoria de Rodríguez Ponga "hay más sombras que luces, y el Gobierno lo sabía" cuando le nombró.

Servimedia ha tenido acceso a la misiva, que fue dirigida personalmente a Cristóbal Montoro y que entró en el Ministerio de Hacienda a las 17:50 horas del 5 de noviembre de 2001, según el sello del registro.

El abogado Juan Francisco Franco afirma que "es de dominio público que el señor Rodríguez Ponga ha prestado su servicios profesionales a la empresa Repsol, y que a sus conocimiento se debe la actual estructura del grupo petrolero, en el que estratégicamente se integran sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales, especialidad alcanzada en su etapa de funcionario público dependiente de ese Ministerio de Hacienda", comienza la carta.

A continuación, el abogado juzga "chocante que, después de haber contribuido a la creación de un entramado societario con la finalidad de reducir artificialmente su trbutación, haya aceptado un cargo cuyo leal desempeño exige el rechazo, y posiblemente represión, de conductas afines a la obervada por él hasta la fecha en su etapa de asesoramiento a Repsol".

A juicio de este abogado, quien ocupa la Secretaría de Estado de Hacienda "no puede proyectar la más mínima sombra de duda sobre la independencia y fiel cumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo".

"La pauta seguida por el Grupo Repsol en el cumplimiento de sus deberes fiscales ha suscitado seriasdudas sobre su ortodoxia, según se desprende de lo publicado por la Banca en sus ediciones de junio y septiembre de 2000, cuyas fotocopias acompaño. Por tanto, no puede descartarse se produzcan situaciones que pongan a prueba la lealtad del nuevo secretario de Estado. Confío se adopten, si no se han tomado ya, las medidas necesarias para evitar sorpresas que dejen nuevamente malparada la imagen del Ministerio", concluye el abogado.

En la rueda de prensa, Caldera recordó que el PP exigió comportamiento ejemplares cuando estaba en la oposición, y se preguntó "qué poderosas razones hacen ahora que impida investigar un asunto tan grave". No obstante, advirtió de que el Gobierno no podrá eludir su responsabilidad política, "y la prueba del nueve" será el debate del próximo jueves para crear una comisión de investigación.

Lo conocido hasta ahora apunta, según los socialistas, a que el Gobierno utilizó la información obtenida por la inspección del Banco de España para intervenir en la fusión del BBV y Arentaria y situar al frente "a uno de los tecnócratas afines al PP", en referencia a Francisco González.

El dirigente socialista insistió en que su partido quiere una investigación "sin límite alguno", que esclarezca lo sucedido desde la apertura de las cuentas, en 1987, época del Gobierno socialista. Los argumentos de que el PSOE teme una investigación anterior a 1996 son "un escudo del PP", aseguró.

Por tanto, si se niegan a esta investigación los populares demostrarán, advirtió Caldera, "que tine mucho que ocultar, que no quiere combatir los paraísos fiscales, y que protege a un secretario de Estado sobre el que recaen todas las sospechas".

La personación en la causa sigue contemplada por la dirección socialista "sólo como último recurso" para aclarar lo ocurrido y depurar las posibles responsabilidades políticas, si el PP niega la comisión parlamentaria.