En su resolución, Garzón explica que "en la presente causa, la investigación se centra esencialmente en las posibles defraudaciones realizadas a través de BBV Privanza Jersey y Canal Trust Company, que ahora, y según se desprende del informe del Banco de España, habría sido utilizada para establecer estructuras o trust directamente encaminados a ocultar, frente a terceros, importantes cantidades".

Asimismo, agrega que sobre tal dinero "se habría ejercido faultad de disposición por personas, con cargos de responsabilidad en el BBV, sin rendir cuentas a los interesados y quebrantando las normas de control, así como falseando balances y cuentas".

Para Garzón, que se apoya en el informe emitido por el Banco de España al respecto, las cuentas ubicadas en paraísos fiscales, mediante cuentas en clave, "se habrían utilizado para mantener importantes sumas de dinero fuera del balance y de las cuentas anuales, así como para la consolidación de fondos de pensiones que entrarían en las categorías delictivas antes citadas", es decir, apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal.

El magistrado ve indicios también de que, a través de Canal Trust, se habría utilizado la misma estructura para realizar pagos millonarios "no lícitos" en Venezuela para la campaña electoral de "determinado responsable político de ese país"

El magistrado sospecha que tales pagos se realizaron a través de cuentas secretas o a nombre de "personas impuestas" en paaísos fiscales, "sin que conste que esos pagos se hayan declarado como tales, lo que podría suponer la comisión de otros deltos que la investigación irá perfilando".

En su resolución, Garzón pide al fiscal encargado del caso, David Martínez Madero, que determine quienes pueden ser los responsables de los delitos que se aprecian en este caso.

Asimismo, solicita al Banco de España que le remita copia del acta de la reunión celebrada el 25 de septiembre de 2001 entre su máximo responsable, Jaime Carana, el ex presidente del BBVA, Emilio Ybarra, y el ex consejero delegado de la misma entidad, Pedro Luis Uriarte, quienes habían sido citados para esclarecer el asunto.

En su resolución, Garzón ordena al Banco de España que paralice el expediente sancionador abierto al BBVA por dichas cuentas "hasta tanto se solvente la posible responsabilidad penal en la que hayan podido incurrir sus responsables y afectados por la investigación".

Además, el magistrado acuerda ampliar la investigación a las peronas responsables, vinculadas, empleadas o relacionadas con el BBV, Canal Trust Company, BBV Privanza, BBV Privanza Bank, Banco Provincial de Venezuela, así como a "las demás entidades situadas en España o fuera de España que guarden relación con las actividades posiblemente delictivas denunciadas".

De esta manera, Garzón asume el caso, a petición del fiscal Anticorrupción encargado de la causa, David Martínez Madero, quien le había solicitado también que suspendiera el expediente sancionador abierto or el Banco de España, al considerar que los hechos revisten mayor gravedad que las infracciones de carácter administrativo instruidas por el banco central.

Garzón asume el caso de las cuentas secretas del BBVA en el marco del sumario relativo al BBV Prinvanza, entidad a la que investiga en relación con una supuesta red de evasión fiscal.