En una entrevistaconcedida a Onda Cero, Aznar rechazó la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre este asunto porque estos órganos "no están para determinar responsabilidades que puedan afectar al ámbito de la empresa privada, y en este caso son las únicas responsabilidades que hay".

Aznar refrendó las palabras del ministro de Economía, Rodrigo Rato, quien ayer aseguró que el Gobierno conoció la existencia de las cuentas secretas en octubre de 2001 tras ser informado por las autoridades del Bano de España.

El que el Gobierno hubiese sido informado por directivos de la entidad "hace mucho tiempo" sobre este asunto o que esta información se había utilizado "para no sé qué operaciones políticas" es, según Aznar, "falso. Eso es absolutamente calumnioso, absolutamente indefendible por parte de quien lo diga".

"Quien diga esas cosas está calumniando y el Gobierno se defenderá" de esas acusaciones, añadió el presidente del Ejecutivo. Que se han cometido irregularidades políticas "lo puede penar alguien que, tal vez, en otras épocas, hacía esas políticas, pero eso, afortunadamente, no se hace desde hace mucho en nuestro país".

"Si aquí hay unas responsabilidades serán las que se determinen por los tribunales de justicia", dijo Aznar, para quien el Banco de España, la Agencia Tributaria y la Comisión Nacional del Mercado de Valores han hecho sus actuaciones sobre este asunto.

"Lo que entiendo es que hay que estar en el núcleo esencial del asunto, que es que había unas cuentas secretas biertas por unas personas. Que esas personas, a su vez, parece que podían haberse beneficiado de esas operaciones, pero eso lo deben determinar los tribunales. No hay ninguna otra razón para imputar ninguna otra responsabilidad", explicó Aznar.

El presidente del Gobierno resaltó que en España hay un sistema financiero "muy saneado, muy competitivo, muy apreciado dentro y fuera de nuestro país". Para Aznar, "todas las demás cuestiones que se dicen sobre estos asuntos, en relación con el Gobierno, estánfuera de lugar".

Finalmente, Aznar defendió el principio de presunción de inocencia para los directivos del BBV implicados en el caso, que "tendrán las garantías propias de lo que es el sistema judicial español".