Tras dictar la sentencia por la que decretó la ilegalización de Batsuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna, la Sala Especial del Tribunal Supremo solicitó datos a la Audiencia Nacional sobre los bienes de dichas formaciones para decidir si efectuaba la liquidación de los mismos, como reza la Ley de Partidos.

Dicha comunicación ha sido recibida ya por el Tribunal Supremo y explica que, por orden de la Audiencia Nacional, Batasuna tiene embargadas 109 cuentas bancarias en las tres provincias vascas y Navarra, 4 coches, 3 garajes, una nave industrial, 4 sedes y 75 herikos y asociaciones.

Además, se encuentran embargados 209 inmuebles, que incluyen sedes, lonjas, locales y viviendas en cada una de las 75 herriko-tabernas.

Parte de estos bienes fueron embargados en su momento por orden del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, dirigido por Baltasar Garzón, con el fin de garantizar las eventuales responsabilidades civiles derivadas de los actos de violencia callejera perpetrada por Segi.

Garzón decretó tales embargos en un auto dctado el 3 de julio de 2002 y confirmado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el 10 de octubre de ese mismo año.

Según el auto dictado por Garzón, de las acciones de "kale borroka" y de los asesinatos son responsables "con carácter solidario aquellas estructuras y organismos integrados en el complejo terrorista", entre los que el juez incluye a Batasuna, que se benefician de las acciones violentas.

Esta tesis fue compartida por los magistrados de la Sala de lo Penal, para quienes de ls documentos e informes periciales de la investigación se desprenden indicios racionales de que "Segi y sus antecesoras, como Batasuna y las suyas, están integrados en una misma organización que ETA-Militar, bajo la dirección de ésta y produciéndose sinergias e instrumentaciones mutuas".

Asimismo, al confirmar el auto de Garzon, los magistrados afirmaban que "el actuar natural y dañoso es achacable, no sólo a los individuos, sino también a Segi-Batasuna".

Otra parte de los bienes fue embargada po auto de 26 de agosto de 2002, confirmado dos meses después por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como consecuencia de la suspensión de actividadades de HB-EH-Batasuna, decretada por Garzón.

En esta ocasión, Garzón dictó un auto por el que estableció el cierre de todos los locales de la coalición abertzale por considerar que forman parte de un entramado económico y organizativo vinculado a la banda terrorista ETA.

LIQUIDACION DE BIENES

La Sala Especial del Tribunal Supremo, que hoy eclaró la ilegalización de Herri Batasuna (HB), Euskal Herritarrok (EH) y Batasuna, debe iniciar un proceso para liquidar el patrimonio de dichas formaciones, según consta en la Ley Orgánica de Partidos Políticos (LOPP).

Según establece el artículo 12.1.c de la LOPP, la disolución de un partido, como consecuencia de su ilegalización, "determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora".

"El patrimonio neto reultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario", añade la citada ley, que ha servido al Alto Tribunal para estimar las demandas que la Fiscalía General del Estado y el Abogado del Estado presentaron en su día para la ilegalización de la coalición "abertzale".

El proceso para ilegalizar Batasuna se inició el 26 de agosto del pasado año, cuando el Congreso de los Diputados, a petición de PP y PSOE, instó al Gobierno a presentar una demanda de ilegalización de Batasuna, no de los instrumentos contemplados en la Ley de Partidos Políticos para actuar contra una fuerza política que incumple la legislación.

Tras esta iniciativa parlamentaria, el Ejecutivo aprobó el 30 de agosto la presentación de una demanda contra Batasuna, iniciativa que fue admitida a trámite por el Supremo el 14 de septiembre. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado decidió presentar su propia demanda, que también fue admitida a trámite.