En una resolución tomada por unanimidad, la Sala deja en manos del fiscal el decidir por qué delitos emprende las acciones penales que correspondan, pese a que el pasado 4 de junio, cuando dió un plazo al Parlamento vasco de cinco días para ejecutar el auto de disolución de SA, advirtió que una negativa en este sentido podría ser constitutiva de desobediencia.

Asimismo, los magistrados tomaron esta decisión, sin pejuicio de que la propia Sala Especial "de manera inmediata" adopte una serie de medidas de ejecución para el cumplimiento del auto de disolución de Sozialista Abertzaleak.

Fuentes jurídicas informaron de que la decisión fue tomada por unanimidad por los magistrados de la Sala Especial, quienes durante dos horas, desde las cinco y media de la tarde, debatieron el asunto y analizaron el escrito remitido por el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa.

En dicho escrito, Atutxa explica al Spremo que no puede ejecutar el auto de disolución del grupo Sozialista Abertzaleak debido al rechazo por parte de la Junta de Portavoces de su propuesta de realizar una reforma reglamentaria que lo permitiera.

Lo acordado hoy por los magistrados supone que el fiscal deberá plantear ahora qué acciones penales cabe emprender contra el presidente de la Cámara vasca, Juan María Atutxa, y eventualmente contra algún otro diputado del Parlamento de Vitoria por no acceder a la disolución de SA, que fue ordenaa por el Supremo.

El procedimiento que se inicie contra la Cámara de Euskadi deberá dirimirse ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que, según el artículo 26 del Estatuto de Autonomía de Euskadi, es el competente para decidir sobre la "inculpación, prisión, procesamiento y juicio" de los miembros del citado Parlamento autonómico.

CINCO DIAS

Fue el pasado 4 de junio cuando la Sala Especial del Tribunal Supremo acordó dar un plazo de cinco días al Parlamento vasco, presidido por e peneuvista Juan María Atutxa, para disolver el grupo SA, en el que se integran los diputados de la ilegalizada Batasuna.

La Sala Especial dió este plazo tras haber transcurrido 15 días sin que el Parlamento vasco remitiera comunicación alguna sobre su decisión de no ejecutar "sin demora" el mencionado auto y de pedir un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para saber cómo actuar.

En el auto por el que se acordaba la disolución "sin demora" de Sozialista Abertzaleak, fechado el 20 de mao, los magistrados argumentan que este grupo y el de la ilegalizada Batasuna "han ostentado idéntica composición personal, por lo que debe concluirse que la creación de éste último es un artificio más, encaminado a obstaculizar los efectos de la ilegalización" de la coalición "abertzale".

Además, los magistrados que componen la Sala Especial del Tribunal Supremo recuerdan que, según el artículo 118 de la Constitución, "es obligado" el cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones firmes de los jeces y tribunales.

La disolución de Sozialista Abertzaleak forma parte de la ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna solicitada por la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado.

Ambas pidieron al Alto Tribunal, el pasado 7 de abril, que ordenase la disolución inmediata de los grupos parlamentarios, forales o municipales de Batasuna en las instituciones.

Las tres formaciones ilegalizadas por el Supremo (Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna) han ido cambiandode nombre en los últimos meses en las instituciones, de manera que en todas ellas los grupos han pasado a denominarse Socialistas Abertzales.

Fue el pasado 17 de marzo cuando la Sala Especial del Tribunal Supremo acordó por unanimidad ilegalizar la formación política Batasuna, tal y como habían solicitado en sendas demandas el Ministerio de Justicia y la Fiscalía.