Los abogados de Batasuna han pedido que quede fuera del caso, por considerar que no es imparcial, al haber participado en una rueda de prens junto con José Manuel Suárez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que Calvo pertenece.

Según Batasuna, en aquella rueda de prensa Suárez se mostró partidaria de proceso de ilegalización de Batasuna, ante el silencio que ésta había mantenido tras el atentado perpetrado por ETA en Santa Pola (Alicante). No obstante, Calvo guardó silencio y se limitó a acompañar al portavoz de la APM.

Tras decidir si García Calvo, que mañana no participará en la reunión de la Sala Epecial, por ser afectada, los magistrados del Tribunal Supremo deberán decidir si admiten a trámite las demandas presentadas contra Batasuna.

Batasuna decidió personarse el pasado 9 de octubre ante el Tribunal Supremo para defenderse en las causas abiertas con motivo de las demandas que el Gobierno y la Fiscalía General del Estado presentaron para pedir que la formación independentista sea ilegalizada por su vinculación con ETA.

En el escrito presentado ante el Tribunal Supremo se explica que losabogados Iñigo Iruín y Adolfo Araiz serán los encargados de llevar la defensa del partido de Arnaldo Otegi.

Tras este paso, los representantes legales de Batasuna podrán solicitar pruebas, declaraciones de testigos y seguir el desarrollo de un proceso que puede culminar con la ilegalización de esta fuerza política.

Así, los abogados de Batasuna deberán hacer frente a las acusaciones que la Fiscalía General del Estado presentó contra la coalición, a la que demanda que nunca ha expulsado ni expedietado a nadie de sus filas por no haber condenado el terrorismo.

El artículo 9.3c de la Ley de Partidos señala como supuesto de ilegalización "mantener un amplio número de sus afiliados doble militancia en organizaciones o entidades vinculadas con un grupo terrorista o violento, salvo que se hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión".

Además, establece como motivo de ilegalización de un partido "incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas elecorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas".

La demanda presentada por la Fiscalía General del Estado incluye, además de vídeos que registran hechos presuntamente delictivos de la coalición abertzale, un listado de cargos electos, militantes y dirigentes de Batasuna condenadas por terrorismo y que están en sus filas.

El partido de Otegi también deberá rebatir ante el Supremo datos como los contenidos en la demanda qu presentó el Gobierno, y que incluía, según explicó en su momento el ministro de Justicia, José María Michavila, más de 1.000 elementos probatorios que demuestran las conexiones de Batasuna con ETA.