El plazo comenzará a correr a partir de la notificación a las partes personadas en este caso de la decisión tomada hoy, lo que se producirá, probablemente, el lunes, según las mismas fuentes. Tanto los abogados defensores de Batasna como las acusaciones, que solicitan la ilegalización de la coalición "abertzale", podrán proponer la práctica de las pruebas que consideren oportunas para sus fines.

Después, los magistrados de la Sala Especial, prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberán decidir qué pruebas se practican y dar un plazo de 30 días para llevarlas a cabo.

Tanto la Fiscalía General del Estado como el Gobierno han solicitado la ilegalización de Batasuna, por considerar que sirve a los ines de ETA.

Así, la Fiscalía General del Estado considera que prueba de ello es que Batasuna nunca ha expulsado ni expedientado a nadie de sus filas por no haber condenado el terrorismo.

El artículo 9.3c de la Ley de Partidos señala como supuesto de ilegalización "mantener un amplio número de sus afiliados doble militancia en organizaciones o entidades vinculadas con un grupo terrorista o violento, salvo que se hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión".

demás, establece como motivo de ilegalización de un partido "incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas".

La demanda presentada por la Fiscalía General del Estado incluye, además de vídeos que registran hechos presuntamente delictivos de la coalición abertzale, un listado de cargos terrorismo y que están en sus filas.

Por su parte, la demanda presentda por el Gobierno incluye, según explicó en su momento el ministro de Justicia, José María Michavila, más de 1.000 elementos probatorios que demuestran las conexiones de Batasuna con ETA.