Así lo afirman los 16 magistrados que componen la Sala Especial del Tribunal Supremo en un auto dictado ayer y en el que resuelven el incidente de nulidad planteado por el secretario general del Parlamento vaso, Eduardo Mancisidor, contra el auto de disolución de Sozialista Abertzaleak.

En el auto de disolución de Sozialista bertzaleak se ordena al secretario que adopte las medidas necesarias para retirar a dicho grupo el disfrute de los locales que le fueron asignados.

Los magistrados responden a Mancisidor que, según la legalidad vigente, tienen el deber jurídico de adoptar las medidas necesarias, con plena diligencia y dentro de su competencia, para llevar a efecto lo que le pidió la Sala Especial.

Mancisidor argumentó también que al cursarse un requerimiento conjunto al Presidente del Parlamento Vasco y a él mism se introdujo una "confusión insuperable acerca del órgano que había de responsabilizarse de la realización de las actuaciones".

El Supremo rebate esta tesis y señala que "las responsabilidades se extienden a ambos ámbitos o niveles, el político y el administrativo, cada uno de ellos sujeto a sus propias claves, sin que la presencia de una mitigue o excluya a la otra".

La disolución de Sozialista Abertzaleak forma parte de la ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna solicitada por l Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado.

Las tres formaciones ilegalizadas por el Supremo (Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna) han ido cambiando de nombre en los últimos meses en las instituciones, de manera que en todas ellas los grupos han pasado a denominarse Socialistas Abertzales.

Fue el pasado 17 de marzo cuando la Sala Especial del Tribunal Supremo acordó por unanimidad ilegalizar a la formación política Batasuna, tal y como habían solicitado en sendas demandas el inisterio de Justicia y la Fiscalía.