Rajoy que hizo estas declaraciones en los pasillos del Congreso, respondía así a las críticas recibidas del presidente del PNV, Xabier Arzalluz, que acusó al Ejecutivo de manipular al Poder Judicial en este asunto; y al presidente de la Cámara vasca, Juan María Atutxa, quien ha anunciado que no procederá a la disolución de este grupo en el Parlamento autónomo.

A su juicio, todas estas declaraciones "responden a lo que es el planteamiento del PNV, que es claramente de ruptura", tal y como queda pantente en l Plan Ibarretxe.

"A partir de ahí", dijo, "la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo y que ahora está recurrida ante el Tribunal Constitucional, es una decisión, como todas las que se adoptan en una democracia en aplicación de una ley, tiene que ser respetada por todos y es de obligado cumplimiento".

En cuanto a la decisión del Consejo de Ministros de que los presos etarras sólo puedan examinarse a través de la Uned de sus estudios universitarios, el vicepresidente dijo que "tiene mucho sentdo", puesto que permite a los penados cursar estudios superiores, aunque siempre bajo el dirección de la Universidad a Distancia y no de la Universidad del País Vasco, cuyas calificaciones a los etarras son motivo de sospecha para el Gobierno.

Para Rajoy esta medida supone "hacer lo mismo que se hace con todos los españoles que estudian a distancia". "Hay más que serias dudas de que lo que se está haciendo en los estudios de estas personas sea sensato y razonable, más bien hay la opinión absolutamentecontraria, y la convicción de que los aprobados de estas personas no son como los aprobados de las personas normales".

En ese sentido consideró que las críticas vertidas por Arzalluz contra esta decisión del Ejecutivo no están "puestas en razón".

Igualmente, explicó que el presidente del Gobierno, José María Aznar, va a pedir a George Bush que "Batasuna figure en la lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos" de acuerdo con "una sentencia de un tribunal españole que ya la ha califiado como organización ilegal y organización terrorista".

Con esta iniciativa, el Gobierno quiere se que se constate "una realidad que todos sabemos: que estos son la propia ETA, que tiene un entramado muy complejo donde unos matan, otros apoyan, otros jalean, otros dan infraestructura y otros ponen el dinero".