Uría dijo a Servimedia que la postura mantenida hasta ahora por Autxa "en ningún momento ha sido decir 'yo me pongo por montera' al Tribunal Supremo", sino dejar claro que, a su juicio, las sentencias del Tribunal Constitucional y la Carta Magna le "obligan a otra cosa", en referencia a que no ejecute la disolución de un grupo parlamentario.

En este sentido, la portavoz del PNV argumentó que el artículo 23.2 de la Constitución establece que todas las personas tienen garantizado el "acceso al cargo público en condiciones de igualdad", lo que no se garantizaría si seactuase contra SA.

El artículo al que hace referencia Uría afirma en su punto primero que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, y añade que también deben poder "acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalan las leyes".

PRESIONES

Según la representante peneuvista, lo que la Constitución establece es que cualquier persona debe poder seguir desempeñando su puesto como diputado "todo el tiempo que dure la legislaura, en las mismas condiciones y con los mismos deberes" que cuando accedió.

A este respecto, añadió que ya en la elaboración de la Ley de Partidos, que es la que ha dado lugar a la ilegalización de Batasuna y que lleva al Supremo a pedir la disolución de SA, algunos diputados advirtieron de que no debían incluirse los grupos parlamentarios dentro de la nueva norma, ya que podría vulnerar ciertos derechos.

Por este motivo, la portavoz del PNV opinó que la Sala Especial del Supremo "se ha visto obigada" a pedir la disolución de SA, puesto que la Ley de Partidos no dice nada en torno a la disolución de los grupos en las Cámaras de representación.