BATASUNA. EL PNV ACUSA AL GOBIERNO DE DESOBEDECER A LOS JUECES
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
El PNV considera que el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, con su decisión de no disolver el gupo Sozialista Abertzaleak (SA), algo que le ha ordenado el Tribunal Supremo, no hace sino actuar como el Gobierno central cuando se ha negado a cumplir otras resoluciones judiciales.
Así consta en una pregunta, a la que ha tenido acceso Servimedia, que la portavoz de Justicia del PNV en el Congreso, Margarita Uría, presentó hoy, en la que pregunta por "cuántas sentencias o resoluciones judiciales están incumplidas por el Gobierno en este momento".
Uría sostiene que "con el sólo esfuerzo de la meoria es fácil recordar casos recientes de desencuentros institucionales entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, o de incumplimiento mutuo de resoluciones judiciales".
En este sentido, la diputada nacionalista cita el caso de los ministros del Gobierno de José María Aznar que, según Uría, anunciaron que no cumplirían la sentencia de la Audiencia Nacional que consideraba irregular la congelación del sueldo de los funcionarios.
La portavoz del PNV añade que, aunque con posterioridad el Supremo anulóesta resolución, esto "no invalida las manifestaciones de desobediencia gubernamental al fallo".
Añade que otro caso es cuando el Gobierno se negó a cumplir los "innumerables fallos judiciales" que le obligaban a pagar las subvenciones electorales a Herri Batasuna, lo que llevó, incluso, a que un alto cargo del Miinisterio de Interior tuviera que depositar una fianza en las diligencias que estaban abiertas sobre este asunto.
La representante peneuvista añade que este caso se solventó mediante un cuerdo parlamentario entre PP y PSOE, que aprobaron una reforma legal que eximía a la Administración del pago de estas ayudas a la formación "abertzale".
Estos precedentes llevan al PNV a preguntar cuántas sentencias están siendo incumplidas por el Gobierno en estos momentos; cuántos casos conoce "de confrontación" entre los poderes Ejecutivo y Judicial; si el Ejecutivo puede asegurar "que tiene ejecutadas todas las resoluciones judiciales que le atañen", y si es habitual que la Fiscalía intervenga enestos casos.
(SERVIMEDIA)
12 Jun 2003
N