En una rueda de prensa, Llamazares respondió así a la actuación del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para que Batasuna se haga cargo el pago de los destrozos producidos por la 'kale borroka' de Segi.

A su juicio, ilegalizar o bloquear las cuentas de una formación política son medidas de "dudosa constitucionalidad", pues la ley de partidos tipifica responsabilidades "individuales, no colectivas", y en cualquier caso, cuando son colectivas deben derivar de procesos penales, "nunca civiles".

"No quiero recordar los problemas de algunos partidos politicos con la justicia", prosiguió, para apuntar que si los delitos de sus dirigents fueran motivo para ilegalizar una formación "habría varios partidos ilegalizados".

Además, puso de manifiesto sus dudas respecto a la eficacia de este tipo de medidas, que lo único que lograrían sería "cohesionar ese mundo" y no impedirían siquiera que vuelvan a presentarse a las elecciones en otra agrupación.