Fuentes jurídicas informaron de que las empresas suspendidas por el juez son Udalbiltzaren Elkartea, Udalbiltza Partzuergoa (Consorcio Udalbiltza) y Euskal Garapen eta Kohesio Fondoa (Fondo Vasco de Cohesión y Desarrollo), cuyas actividades serán suspendidas por un período de dos años, prorrogables en su caso hasta cinco.

En el auto dictado por Garzón se afirma que se procede contra estas sociedades "porque integran o dependen de una estructura ilícia incluida en el complejo terrorista urdido y dirigido por ETA; y porque sus responsables, conscientes de esa dependencia y participando activamente en la dinámica delictiva, desarrollan la actividad de las entidades al servicio de los fines de la organización terrorista".

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