Según informaron hoy fuentes jurídicas, Garzón ha remitido a Cardenal el acuerdo de la Cámara vasca por el que ésta decidió no aplicar el auto, lo que podría ser onstituivo de un delito de desobediencia a las resoluciones judiciales.

En caso de que Cardenal considere que hay que actuar contra el Parlamento vasco, el procedimiento tendría que ser remitido al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Esta institución es la que decide sobre la "inculpación, prisión, procesamiento y juicio" de los miembros del Parlamento de Euskadi, según el artículo 26 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

El Tribunal Supremo sólo es competente para investigar a dichs aforados cuando los hechos presuntamente delictivos que se les imputen hayan sido cometidos fuera del País Vasco o en el extranjero.

El pasado 26 de agosto, Garzón decretó la suspensión de las actividades de Batasuna por su presunta vinculación con ETA y ordenó al Parlamento Vasco que aplicara su resolución. Sin embargo, la Cámara de Vitoria decidió no disolver el grupo parlamentario de Batasuna.

En la resolución por la que decretó la suspensión de las actividades de Batasuna por un periodo de res años, Garzón argumentó, entre otras razones, que resultaba "simplista" la teoría de que sólo deben responder por su pertenencia a ETA quienes extorsionan, matan o secuestran en nombre de la banda terrorista.

Para Garzón, es "insostenible" afirmar que HB-EH-Batasuna "es autónoma respecto de ETA-KAS-EKIN, es decir, respecto de la vanguardia armada que lidera el grupo".