Para la Fiscalía, los tres querellados han podido incurrir en un delito de desobediencia, al existir "una abierta negativa, concluyente, auque enmascarada habilidosamente por los mismos, bajo la hábil dirección del señor Atutxa, a cumplir una resolución judicial clara y expresa".

La querella, hecha pública a primera hora de esta tarde por la Fiscalía General del Estado, ha sido interpuesta ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Tras señalar que el Supremo es el más alto tribunal de la nación, la fiscalía señala que la Sala Especial la que acuerda declarar la disolución de Sozialista Abertzleak en el Parlamento Vasco como consecuencia de la ilegalización de Batasuna, "sin que quepa cuestionar su jurisdicción o competencia objetiva o funcional".

"Y sin que a los querellados les correspondiera otra conducta que la de materializar la disolución legalmente acordada", añade el teniente fiscal del Tribunal Supremo, José María Luzón, autor de la querella.

A su juicio, "la negativa abierta, voluntaria e intencional" del Parlamento Vasco a aplicar el auto de disolución de Sozialista Abertzaeak se patentiza desde el oficio de 8 de mayo y en la posterior actuación de los querellados.

En dicho oficio el Parlamento vasco afirma su intención de defender la dignidad democrática e institucional de la Cámara, al tiempo que añade que "una decisión judicial que por si disolviera un grupo parlamentario supondría una invasión de esa autonomía inherente al poder legislativo y contravendría el principio constitucional de división de poderes".

El escrito respondía al auto por el que el Tribunal Spremo ordenaba la disolución de los grupos parlamentarios provinciales, forales y municipales que figurasen bajo la denominación de Batasuna.

Posterioremente, el Supremo ordenó la disolución de Sozialista Abertzaleak como consecuencia de la sentencia de ilegalización de Batasuna, tras comprobar que ambos estaban compuestos exactamente por las mismas personas.

En esta ocasión, recuerda el fiscal, "los querellados recurren al subterfugio de entender que existe una laguna jurídica en el Reglamento dl Parlamento Vasco".

El fiscal se refiere al escrito remitido al Supremo por Atutxa, en el que éste explica que no puede ejecutar el auto de disolución del grupo Sozialista Abertzaleak debido al rechazo por parte de la Junta de Portavoces de su propuesta de realizar una reforma reglamentaria que lo permitiera.

"De esa manera, el señor Atutxa no se opone ya con los argumentos del oficio de 8 de mayo de 2003, sino que manifiesta que esta Cámara se encuentra ante la imposibilidad de dar cumplimientoa las resoluciones judiciales citadas", añade el fiscal.

En opinión del Ministerio Público, los querellados recurrieron a un fraude de ley, "para enmascarar o justificar su oposición a dar cumplimiento a las resoluciones de la Sala". Además, sostiene que "queda patente una clara voluntad dilatoria y obstructiva del mandato".

Tras calificar de "burla" el hecho de que Atutxa permitiera que se contabilizara el parecer del disuelto Sozialista Abertzaleak, el fiscal Luzón descarta que la actuación de os tres querellados se deba a un error. "Resulta inverosímil que puedan mantenerse dudas sobre la legitimidad y ejecutividad del requerimiento efectuado o acerca de su prevalencia".

En su escrito, el fiscal solicita que declaren en concepto de imputados las tres personas querelladas, y como testigos los miembros de la Mesa del Parlamento vasco Carmelo Barrio, vicepresidente segundo, y el secretario primero.

La querella se ha presentado a petición de la Sala Especial del Tribunal Supremo, que el psado 12 de junio decidió dejar en manos de la Fiscalía General la posibilidad de emprender acciones penales contra el Parlamento vasco por su polémica negativa.

La decisión del Supremo se produjo después de estudiar el escrito de Atutxa explicando por qué no disolvía Sozialista Abertzaleak.

La querella se presenta ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que, según el artículo 26 del Estatuto de Autonomía de Euskadi, es el competente para decidir sobre la "inculpación, prisión, proceamiento y juicio" de los miembros del citado Parlamento autonómico.