Según las mismas fuentes, la demanda está "muy fundamentada" y los medios de prueba en que está basada son distintos a los que empleará el Gobierno para demandar a Batasuna ante el Alto Tribunal.

El propio fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, explicó que la decisión ha sido tomada por unanimidad, en una Junta de Fiscales de Sala que calificó de "útil y muy provechosa".

Cardenal señaló también que está convencido del éxitode la demanda, tras haber examinado "cuidadosamente" los hechos, fundamentos de derecho y medios de prueba recopilados desde la entrada en vigor de la denominada Ley de Partidos.

Asimismo, destacó la "muy generosa" respuesta que ha recibido por parte de los fiscales reunidos reunidos hoy a petición suya, dado que para asistir a la Junta se han visto obligados a interrumpir sus vacaciones.

A la Junta de Fiscales de Sala, que comenzó a las 11 de la mañana y concluyó a las 14,30 horas, no pudo asistr el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. Entre los asistentes se encontraban el responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y el de la del Constitucional, Juan Ortiz Urculo.

La Junta de Fiscales de Sala fue convocada por iniciativa propia de Cardenal, quien quería conocer la opinión del máximo órgano asesor en materia técnica de la Carrera Fiscal sobre los trabajos preparatorios de la demanda contra la coalición 'abertzale', inoperativa desde hace dos día por orden del juez de la Audiencia Nacional Batalsar Garzón.

Estos trabajos preparatorios comenzaron el pasado 6 de agosto, cuando la Fiscalía General del Estado dió órdenes de estudiar "en profundidad" las actuaciones de los dirigentes y portavoces de Batasuna desde la entrada en vigor de la denominada Ley de Partidos, el pasado 27 de junio, por si finalmente corresponde presentar una demanda para ilegalizar dicha formación política.

La Fiscalía General del Estado quería comprobar si las actuacones de los responsables de Batasuna a partir del pasado 27 de junio entran en colisión con lo previsto en el artículo 9 de la citada ley.

Dicho artículo establece que se ilegalizará aquella formación cuya actividad vulnere derechos y libertades, justifique o exculpe atentados contra la vida o la libertad, fomente la violencia para propiciar fines políticos o apoye públicamente a grupos terroristas.

La recopilación de datos contra Batasuna incluye también el análisis de los últimos pronunciamients públicos de la dirección de Batasuna sobre el atentado de ETA ocurrido en Santa Pola, "así como sus maniobras para eludir la condena de estos crímenes".