Según declararon a Servimedia expertos jurídicos, Atutxa odría evitar una condena por desobediencia a la Justicia al haber propuesto un método para disolver a los diputados de Batasuna y haber delegado la decisión a la Junta de Portavoces.

El presidente del Parlamento Vasco podría alegar haber cumplido con la sentencia del Supremo al haber votado en la Mesa de la Cámara a favor de la resolución de disolución y al haber dejado en manos de los portavoces la decisión final.

De este modo, la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, partes implicadas en e proceso de ilegalización de Batasuna, podrían acusar de un delito de desobediencia a la Justicia sólamente a los portavoces que rechazaron la disolución de Socialistas Abertzales.

Ahí comenzaría un nuevo obstáculo: la condición de aforados de los portavoces de PNV, EA y SA. La Justicia tendría que solicitar al Parlamento Vasco el suplicatorio de los tres parlamentarios que se negaron a disolver a Batasuna.

La Cámara de Vitoria, donde PNV, EA y SA suman mayoría absoluta, tendría que pronunciarse n una votación plenaria respecto a levantar la protección de los diputados para que pudieran declarar ante la Justicia.

Sin embargo, el Gobierno central está convencido de que tanto Atutxa como los integrantes de la Mesa y de la Junta de Portavoces del Parlamento vasco que se opusieron a disolver a Batasuna han incurrido en un delito de desobediencia. Además, cree que sería innecesario la tramitación del suplicatorio por el tipo de delitos en los que podrían haber incurrido, según fuentes gubernamentaes.