Este dato se deduce de una información, a la que ha tenido acceso Servimedia, que ha sido remitida al Parlamento vasco por la Consejería de Interior que dirige Javier Balza.

En este escrito se explica que desde 2004 y hasta el pasado mes de septiembre se han abierto en el País Vasco un total de 121 expedientes relativos a "la celebración de manifestaciones y concentraciones no comunicadas" a las autoridades.

De estos 121 actos no notificados, la consejería de Balza explica que 76 tienen que ver "con apoyo a presos de la banda terrorista ETA, homenajes a miembros de la banda" o "solidaridad con detenidos por presunta vinculación a aquella banda".

Asimismo, entre estas 76 convocatorias también están las que tuvieron que ver con "reclamaciones de 'soluciones democráticas para Euskal Herria', peticiones de expulsión de las Fuerzas de Seguridad del Estado y demás reivindicaciones habituales de colectivos de apoyo a la banda terrorista ETA".

En la información remitida a la Cámara vasca se explica que del total de 121 expedientes por convocatorias no comunicadas se han fijado una serie de multas, que suman un importe total de 54.456 euros.

De esta cantidad, 15.130 euros ya han sido abonados por las personas que convocaron actos no notificados, mientras que las multas restantes, que suman 30.313 euros, todavían no han sido satisfechas por los implicados.

En este sentido, la consejería de Balza explica que la exigencia de las sanciones no pagadas la tramita el departamento vasco de Hacienda y Administración Pública, que, desde 2004, sólo ha conseguido cobrar 602 euros por dos manifestaciones o concentraciones no comunicadas.