En un escrito presentado hoy en el Registro del Tribunal Supremo, la procuradora de Batasuna explica que se persona "en virtud del emplazamiento edictal efectuado mediante la publicación en el Boletín Oficial de Navarra" el pasado 30 de septiembre.

Batasuna tenía ocho días para reclamar su derecho de defensa en las causas abiertas para su ilegalización y hoy vencía el plazo para hacerlo.

En el esrito presentado hoy ante el Tribunal Supremo se explica que los abogados Iñigo Iruín y Adolfo Araiz serán los encargados de llevar la defensa del partido de Arnaldo Otegi.

Tras este paso, los representantes legales de Batasuna podrán solicitar pruebas, declaraciones de testigos y seguir el desarrollo de un proceso que puede culminar con la ilegalización de esta fuerza política.

Así, los abogados de Batasuna deberán hacer frente a las acusaciones que la Fiscalía General del Estado presentó contra a coalición, a la que demanda que nunca ha expulsado ni expedientado a nadie de sus filas por no haber condenado el terrorismo.

El artículo 9.3c de la Ley de Partidos señala como supuesto de ilegalización "mantener un amplio número de sus afiliados doble militancia en organizaciones o entidades vinculadas con un grupo terrorista o violento, salvo que se hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión".

Además, establece como motivo de ilegalización de un partido "incuir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas".

La demanda presentada por la Fiscalía General del Estado incluye, además de vídeos que registran hechos presuntamente delictivos de la coalición abertzale, un listado de cargos electos, militantes y dirigentes de Batasuna condenadas por terrorismo y que están en sus filas.

El partido de Otegi también deberá reatir ante el Supremo datos como los contenidos en la demanda que presentó el Gobierno, y que incluía, según explicó en su momento el ministro de Justicia, José María Michavila, más de 1.000 elementos probatorios que demuestran las conexiones de Batasuna con ETA.