Con 295 votos a favor, Partido Popular, Partido Socialista y Partido Andalucista votaron a favor de pedir la ilegalización. Convergencia i Unió, Izquierda Unida, Bloque Nacionalista Galego y Chunta Aragonesista se abstuvieron (29 votos), mientras que Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna, Esquerra Republicana de Cataluña e Iniciativa er Cataluña-Los Verdes (10 votos) votaron en contra.

Partido Popular y Partido Socialista, autores y defensores de la resolución, coincidieron en señalar que existen "irrefutables fundamentos de hecho" para poner fuera de la ley a Batasuna, ya que "es lo mismo que ETA" y ha perdido una "extraordinaria oportunidad" de cambiar sus formas de hacer política desde la aprobación de la Ley de Partidos.

Por su parte, el portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, se preguntó si la ilegalización de Batasuna es sóo un "entremés" de un proceso en el que se terminará haciendo lo mismo con la formación peneuvista.

Asimismo, Anasagasti aseguró que su partido votaba en contra de situar fuera de la ley a la formación "abertzale" porque conlleva un "planteamiento que nos aleja de la paz", y saca a este grupo de la "UVI política".

El portavoz de CiU, Xavier Trías, justificó la abstención de su grupo en la defensa de la separación de poderes y calificó de "meridiano error formal" que el Congreso de los Diputados istase la ilegalización de Batasuna".

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, insistió en que la abstención de IU se debe a su pretensión de buscar la unidad de los demócratas frente al terrorismo.

Varias de las formaciones que integran el Grupo Mixto, como EA, ERC y BNG advirtieron de que la ilegalización de Batasuna puede empeorar a situación del País Vasco.

Es la segunda vez en la historia de la democracia en la que el Congreso de los Diputados interrumpe las vacacions estivales y celebra un pleno extraordinario en pleno mes de agosto. La otra ocasión fue en 1993 con motido de la comparecencia del entonces ministro de Economía, Pedro Solbes.

Diputados, miembros del Gobierno y representantes de altas instituciones del Estado que presenciaron el debate en el hemiciclo coincidieron en calificar de "histórico" este 26 de agosto de 2002, en el que el Congreso instó al Gobierno a pedir la ilegalización del brazo político de ETA.