Suárez hizo estas manifestaciones tras conocer que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco se encuentra dividida a partes iguales sobre la querella que la fiscalía presentó contra el presidente del Parlamento Vasco, Juan maría Atutxa, por un presunto delito de desobediencia.

Suárez explicó que, para la APM, "la existencia de magistrados autonómicos puede suponer, en algún caso, la instroducción de elementos no estrictamente profesionales y jurídicos en stos tribunales".

El artículo 330.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en la Sala de lo Civil y Penal de los TSJ, "una de cada tres plazas se cubrirá con un jurista de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio profesional en la Comunidad Autónoma, nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial sobre una terna presentada por la Asamblea legislativa".

"Creo que deberíamos pensar seriamente sobre la existencia de miembros de la carrera judicial que no provenan estrictamente de la judicatura, sino que tengan una procedencia de carácter parlamentario y que el mérito sea ser juristas propuestos por el parlamento. Nosotros creemos que esa es una mala solución que se implantó en el año 85 y que, por supuesto, debe corregirse", añadió.

Para Suárez, nombramientos de este tipo dan lugar a que la gente aproveche situaciones como la producida en el TSJ del País Vasco para decir que hay "cierta politización" de la justicia.

"Debe eliminarse ese nombramiento decarácter parlamentario. No es conveniente que se introduzcan nombramientos de carácter parlamentario en la judicatura", insistió.