"Un sistema que no tiene control judicial de los actos del ejecutivo y del legislativo no es un sistema democrático. Cuando un poder se hace con el poder absoluto, eso no se llama sistema democrático, se llama dictadura", dijo Suárez a Servimedia.

Según esta asociación de jueces, el hecho de que el arlamento vasco siga con su actitud "obstruccionista" es muy negativo. "El tiempo juega en contra de la decisión de la Cámara vasca y, tarde o temprano, van a tener que ceder", advirtió su portavoz.

Suárez insistió en que un gobierno y un parlamento "no pueden sostener que no cumplen decisiones judiciales; es imposible, porque llega un momento que chirría por todos los lados".

La APM ve "muy complicado que jurídica y políticamente se mantenga esta postura por el Gobierno vasco", porque "si no se umple la decisión de un tribunal, no hay estado de derecho ni democracia en el País Vasco".

Suárez agregó que cuando concluya el plazo dado por el Tribunal Supremo para la disolución del grupo parlamentario, que vencerá el próximo sábado, lo más previsible es que el abogado del Estado y el fiscal general del Estado pidan al Tribunal Supremo que ejerza acciones penales contra todos los resposables del incumplimiento de la sentencia.

A la espera de conocer las peticiones que realicen el abogado delEstado y el fiscal general del Estado por este "fraude de ley", el portavoz de la asociación de jueces advirtió de que existen dos figuras penales en este supuesto: la desobediencia y la denegación de auxilio a la justicia.

En cualquier caso, agregó, "lleva accesoria la inhabilitación y la pérdida de condición de presidente del Parlamento y de diputados de todos los que han tomado las decisiones que han impedido el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, es decir, todos los responsables quecon su voto han impedido y han creado esa situación de fraude".