El diputado del PP, que informó en rueda de prensa de las inciativas parlamentarias emprendidas por su grupo sobre este asunto, extendió la responsabilidad gubernamental del supuesto fraude al ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, por negarse durante meses a responder a las preguntas de la oposicin y calificar insistentemente de "falsas" todas las denuncias formuladas.

El Partido Popular ha pedido la constitución de una comisión en la Cámara Baja que investigue todas las operaciones de compra- venta realizadas por Renfe desde 1989.

También exige que el Tribunal de Cuentas realice una fiscalización al respecto y la comparecencia de 17 altos cargos relacionados con el supuesto escándalo en la ponencia que estudia la evolución del Plan de Transporte Ferroviario.

Entre estas personalidads figuran el ministro de Sanidad y ex presidente de Renfe, Julián García Valverde, y los responsables de las filiales Equisol y Equidesa.

También pretende el PP que comparezcan los empleados de notarías de San Sebastián de los Reyes que participaron en el proceso de compra de los terrenos y varios socios de los consorcios y sociedades implicados en esta operación.

Los populares han dirigido al ministro de Obras Públicas una batería de seis preguntas por escrito para recibir información detallada cerca del proceso de compra y posterior enajenación de los terrenos de San Sebastián de los Reyes.

TORBELLINO FISCAL

Según Camisón, la petición de García Valverde de comparecer la próxima semana en el Congreso sólo persigue "soslayar" el escándalo y crear una "cortina de humo".

Mostró su convencimiento de que el anterior presidente de Renfe estuvo al tanto de las operaciones denunciadas, por cuanto éstas se realizaron en un corto espacio de tiempo.

El portavoz del PP denunció que existe un"torbellino fiscal" en las ocho empresas filiales de Renfe y no sólo en Equidesa, principal implicada en las supuestas irregularides de San Sebastián de los Reyes.

Camisón se preguntó por los motivos que llevaron a los responsables de Renfe a comprar a 7.000 pesetas el metro cuadrado, unos terrenos cuyo valor en el momento de la adquisición no superaba las 600 pesetas.

"La única explicación era que se buscaba obtener fondos para luego desviarlos, porque, de lo contrario, se podría haber pagado a recio de mercado o recurrido a la expropiación", subrayó.

El portavoz popular aventuró que el futuro de García Valverde correrá parejo al del ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra: "Felipe González primero le apoyó diciendo que no había ninguna irregularidad y luego le cesó. No me extrañaría que el ministro corriera la misma suerte".

FORMULA INCORRECTA

El ministro de Obras Públicas, José Borrell, negó en los pasillos del Congreso haber mantenido "un secretismo" en torno a este tema, coo denuncia el PP, y alegó que ha respondido a todas las preguntas formuladas por la oposición y se ha mostrado en todo momento dispuesto a investigar las denuncias.

Por su parte, el anterior titular de Transportes, José Barrionuevo, consideró "correcto y legítimo" que una empresa pública adquiera terrenos para financiarse, aunque dijo que el método elegido por Renfe en el caso de San Sebastián "no fue el más bueno".

"La fórmula más correcta hubiera sido que Renfe comprara los terrenos directament a los propietarios. El problema aparece por las sociedades interpuestas y no tengo una explicación satisfactoria de por qué se hizo así", dijo Barrionuevo, quien aseguró no haber tenido conocimiento, durante su mandato en Transportes, de ninguna irregularidad en relación con esta operación.

El ex ministro confió en que la investigación emprendida por el Gobierno esclarezca la confusión existente y se mostró dispuesto a comparecer en el Congreso si algún grupo de la oposición lo solicita.

El CDS idió por su parte la creación de una comisión de investigación sobre el escándalo de Renfe, "para lograr evaluar políticamente los múltiples aspectos que el asunto presenta".

Según el escrito presentado hoy en el Registro del Congreso por su portavoz Carlos Revilla, el CDS valora positivamente la decisión de García Valverde de comparecer en el Congreso, "pero considera muy difícil, en base a las informaciones de que se dispone, que (durante esta comparecencia) puedan abarcarse todos los hechos relacioados".