La única novedad que Murillo espera del auto de procesamiento es el posible establecimiento de una nueva fianza para cubrir las responsabilidades civiles que pudieran derivarse del caso y que, a su juicio, podrían alcanzar los 40 millones de pesetas.

Entre ese auto y el que hará público mañana el magistrado no ha mediado diligencia alguna, por lo que es prácticamente seguro que Móner continuará afirmando que Barrionuevo tuvo el dominio del secuestro del empresario Seundo Marey, primera víctima de los GAL.

En el auto de libertad bajo fianza se decía que el ex ministro estuvo en todo momento informado de la detención ilegal y que había tenido un control total sobre la mismo.

Murillo dijo que el procesamiento de Barrionuevo "no significa necesariamente que existan responsabilidades políticas por encima de las que asuma Barrionuevo".

El paso dado por el juez Móner "no beneficia ni perjudica la situación del resto de los procesaros aunque contribuye a poner as cosas en su sitio. Establece que no existió una banda armada sino unas órdenes de un ministro a sus policías ordenandoles una acción que fue delictiva".