En declaraciones a Servimedia, el presidente de la APM, Ramón Rodríguez Arribas, precisó que la autorización para proceder contra Barrionuevo significa también que éste, cuando sea llamado a declarar, podrá ir asistido de todas las facultades que le concede la ley para defender su presunción de inocenci, de la que dijo que, por ahora, está "intacta" porque no se ha adoptado ninguna medida contra él que la ponga en entredicho.

A su juicio, el criterio que ha prevalecido en la votación del suplicatorio de Barrionuevo por el Congreso ha sido el de entender, como ha dicho el Tribunal Constitucional, que la concesión de esa autorización "no es un acto discrecional, sino que debe estar fundado jurídicamente".

Así, destacó que el Congreso de los Diputados ha aplicado el criterio constitucional de que a inmunidad parlamentaria está para proteger las funciones de representación de la soberanía popular que corresponde a los miembros del Parlamento, la cual no puede extenderse a una protección personal en forma de privilegio.

Añadió que, de este modo, en aquellos hechos que se le atribuyan a un parlamentario y no tengan ningua relación con la actividad parlamentaria, no debe cubrirles esa inmunidad y debe concederse el suplicatorio.

Rodríguez Arribas valoró por ello positivamente la concesión delsuplicatorio por parte del Congreso y precisó que si la cámara no hubiera accedido a dicha petición del Tribunal Supremo "hubiera sido una decisión "muy criticable y muy preocupante".

Finalmente, el presidente de la APM no quiso comentar el hecho de que un elevado número de diputados se opusieran al mismo diciendo que ese hecho puede tener valoraciones políticas, pero no jurídicas.