Barrionuevo denuncia que existen "diferencias sustanciales, con relieve constitucional", ente la petición que elevó el juez Baltasar Garzón a la Sala Segunda del Supremo y la que ésta ha cursado a la Cámara Baja.

Según el diputado socialista, los términos del suplicatorio remitido por el Supremo "son tan amplios que se podría decir que estamos prácticamente ante un suplicatorio 'en blanco'".

"No se especifica de qué delito de los relacionados con banda armada se está hablando y, además, se introduce una cláusula -'por cualquier otro delito que pudiera aparecer'- que hubiera hecho inneceario especificar delito alguno, dado que en la misma cabe todo el Código Penal", subraya.

Barrionuevo recuerda que mientras Garzón solicitó el suplicatorio para que se le tomara declaración como "imputado", el Supremo lo pide "para dirigir un procedimiento penal con todas sus consecuencias legales".

En su opinión, esta fórmula tan amplia "tiene difícil encaje en la doctrina de la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo, que, en su reciente auto de 28 de febrero de 1995, manifestaba que, concedid un suplicatorio, una nueva plataforma fáctica haría necesaria una nueva petición".

DUDAS DE IMPARCIALIDAD

Para Barrionuevo, las "diferencias notables" que existen entre el escrito de Garzón -"que se limita a relatar unos hechos"-, y de la Sala Segunda del Supremo -"que hace una calificación jurídica-", "pueden tener importancia a la luz de la abundante jurisprudencia existente, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la imparcialidad de un juez o tribunl".

El escrito de alegaciones, que hoy entregó un abogado del despacho de Barrionuevo en el Registro del Congreso, consta de 43 folios y en él, el ex ministro reafirma la total actuación legal de su gestión como responsable de Interior en la lucha antiterrorista y vuelve a expresar su malestar por no haberse podido explicar ante los tribunales desde que se reabrió el "caso GAL".

Las conclusiones de las alegaciones constan de tres apartados: en el primero, defiende la legalidad de la lucha antiterorista, en el segundo denuncia que se ha vulnerado su derecho constitucional a la defensa y en el tercero advierte de las citadas diferencias entre los escritos de Garzón y del Supremo.

La mayor parte del escrito es una pormenorizada explicación de las líneas generales de su gestión al frente del Ministerio de Interior y un alegato contra el juez Garzón por no haberle permitido declarar durante meses, al mismo tiempo que se "filtraban" a los medios de comunicación todas las acusaciones contra él en reación con la organización de la banda GAL.

Barrionuevo inicia su exposición reiterando que durante su etapa como ministro del Interior "nunca ordené, autorice ni permití la realización de actuaciones que infringieran el ordenamiento jurídico".

A continuación, desgrana los atentados más sangrientos que se produjeron inmediatamente antes y después de la llegada del PSOE al poder en 1982.

ALEGATO POLITICO

"España se veía reiteradamente sacudida por el terrorismo, con una mezcla de indignacióne impotencia que se reflejaba con fuerza en la mayor parte de los medios de comunicación. En aquellos días era frecuente referirse a la 'guerra del norte' desde las tribunas de prensa, con exigencia de acciones contundentes y extraordinarias para mejorar la situación. (...) Hoy, muchos de los que entonces clamaban por la adopción de medidas extraordinarias, perdida al parecer la memoria, contribuyen a insuflar nuevo oxígeno a la banda terrorista", dice el ex ministro.

Sobre las actuaciones judiciales osteriores a las confesiones periodísticas de Amedo y Domínguez, el ex ministro mantiene que ha sido objeto de un "juicio paralelo" celebrado "a mis espaldas", "dado que no se me permitía rebatir, en sede judicial, las citadas imputaciones".

"Además, asistíamos todos los días a la flagrante violación del secreto del sumario decretado para todas las partes personadas por el propio juez instructor", agrega el diputado socialista.

A modo de resumen, Barrionuevo remarca: "Me veo sometido a un procesopenal y a una petición de suplicatorio sin que ningún órgano judicial haya aceptado todavía tomarme declaración, después de once meses y de varios intentos por mi parte".

Al final del escrito, Barrionuevo se pone a disposición de la Comisión del Estatuto por si considera oportuno llamarle a comparecer personalmente para aclarar o ampliar cualquier extremo de las alegaciones.

La comisión se reunirá el próximo jueves, a las cuatro de la tarde, para estudiar las alegaciones de Barrionuevo e iniciar a elaboración del dictamen que enviará al pleno del Congreso para su votación el jueves de la próxima semana.