Alvarez basará su petición en las declaraciones efectuadas recientemente por el ex cargo del PSOE Ricardo García Damborenea, quien en el careo mantenido el pasado 4 de enero co José Barrionuevo, desveló que en 1983 celebró una reunión con el ex ministro del Interior, Benegas, Jáuregui, Rafael Vera, el fallecido senador Enrique Casas y Julián Sancristóbal en la que acordaron realizar secuestros de etarras en el sur de Francia para ponerlos a disposición de la justicia española.

El abogado de Planchuelo añadió que, a resultas de estas declaraciones de Benegas y Jaúregui, solicitará asímismo y en primer lugar la declaración del ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra y poseriormente la del presidente del Ejecutivo, Felipe González.

Alvarez indicó que la petición de declaración de González se debe a que el presidente del Gobierno "tiene que ser responsable por acción y por omisión de todo lo ocurrido y lógicamente tiene que declarar", máxime cuando las deliberaciones en el Consejo de Ministros son una responsabilidad colegiada.

En este sentido, agregó que el presidente del Gobierno debe comparecer ante el Tribunal Supremo y que "más que nada que declare en defensa e Barrionuevo, que tanto lo ha defendido en los medios de comunicación". "Si es tan inocente como él dice, debe ser el primero en solicitar que se libre el suplicatorio y comparecer ante la sala para defender a uno de sus colaboradores", insistió.

Tras señalar que no va a recurrir el auto dictado por Móner por el que procesa a Barrionuevo, criticó, sin embargo, la fianza por responsabilidad civil fijada por el instructor para el ex ministro, que asciende a 80 millones de pesetas, ya que "cuando ha sid el jefe y el artífice de todo esto, resulta que todos sus subordinados, entre ellos todos mis clientes, tienen una responsabilidad civil superior a la que él tiene" que, en el caso de Planchuelo, es de 200 millones de pesetas.

Agregó que, a su juicio, la calificación de banda armada hecha por el juez Móner "es con todos los respetos un dislate jurídico", aunque señaló que el auto dictado por el magistrado es "duro, pero bastante ajustado a derecho y, sobre todo, con relación a los demás autos de procsamiento de todos los demás procesados en la causa, me parece más o menos razonable y lógico".