Según Murillo, esto podría ocurrir al amparo del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que "firmado un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función pública o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

Según el abogado, de auerdo con este artículo, cuando se procesa a una persona por relación con banda armada mientras dure una situacion de libertad bajo fianza o libertad provisional "cabe la posibilidad de que según una interpretación estricta de dicha ley se le suspenda de toda actividad de cargo público".

Así, según el abogado, "el señor Barrionuevo tendría que dejar de ser diputado automáticamente" o de ostentar cualquier cargo público mientras dure su situación de libertad bajo provisional bajo fianza o hasta que se elebre el juicio.

Tras conocer el procesamiento de Barrionuevo por los delitos de detención ilegal, relación con banda armada y malversación de caudales públicos, el letrado afirmó que el auto del instructor del 'caso GAL' "es razonable y se ajusta a lo que consta en el sumario".

Para el abogado de Alvarez, dicho auto no ha constituido ninguna sorpresa, ya que en el auto por el que el juez Móner impuso una fianza de 15 millones de pesetas a Barrionuevo el magistrado hablaba de que se le podía imptar el delito de detención ilegal, lo que, a juicio de Murillo, "era una situación provisional pendiente de comprobaciones y parece ser que esas comprobaciones se han establecido".

Respecto al delito de relación con banda armada por el que el juez Móner ha procesado a Barrionuevo, el defensor de Alvarez dijo a Servimedia que "es una situación teórica discutible, pero se les ha procesado por ello a los demás encausados y lo que se hace es en coherencia con esas decisiones previas".

Tras eludir prounciarse sobre si el procesamiento de Barrionuevo implica a otros responsables políticos superiores, como Felipe González, rechazó las manifestaciones que hacen dirigentes socialistas en el sentido de que creen en la inocencia de Barrionuevo.

A su juicio, con dichas manifestaciones "parece ser como si no creyesen en la justicia del Tribunal Supremo". "Cuando a una persona se le procesa por unos delitos, su inocencia queda en entredicho".

Por ello, tras destacar que en su auto de procesamiento el ribunal Supremo está diciendo que Barrionuevo fue el que ordenó todos estos actos relacionados con los GAL, afirmó que "no puede decirse que sea inocente de estos actos. Afirmar lo contrario me parece una temeridad y una cosa poco seria".