"Una decisión que en Castilla-La Mancha no nos gusta nada", dijo en declaraciones realizadas en Puertollano (Ciudad Real).

A preguntas de los periodistas, el presidente Barreda argumentó que no comprende cómo se aprueba un nuevo trasvase sin tener en cuenta la climatología y la situación de los embalses de cabecera. Asimismo, se ratificó en su petición de que deben modificarse los órganos de gestión del agua.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo castellano-manchego recordó que Castilla-La Mancha ha sabido alcanzar un acuerdo que la sociedad ha valorado como histórico por el que "podremos utilizar el agua y la infraestructura del Trasvase Tajo-Segura".

Barreda apuntó que el Gobierno era consciente de que "no se iba a cerrar el grifo de la noche a la mañana, pero mantengo lo mismo que le dije el presidente de Murcia, puede que el Trasvase no tenga los días contados pero sí los años".

El presidente regional también valoró el hecho de que, paradójicamente, al mismo tiempo que ayer la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura aprobaba una nueva derivación de agua, el Ministerio de Medio Ambiente daba luz verde a la petición del presidente de aprobar una serie de actuaciones de emergencia en respuesta al verano.

Las obras e infraestructuras aprobadas por el MIMAM contarán con un presupuesto de 40 millones de euros, inversión que Barreda calificó como un "hecho importante" y sin precedentes para Castilla-La Mancha.

Por otra parte, el presidente también se refirió a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que describió como, "un modelo que ha representando un éxito rotundo y que logró conexionar a Castilla-La Mancha", pero que ahora, 23 años después de su nacimiento "es preciso introducirle algunas modificaciones", entre las que mencionó la de dar cobertura estatutaria a la modificación de los órganos de gestión del agua.

Argumentó que no se entiende que la Comunidad Autónoma tenga competencias en materias tan importantes como la agricultura, la ordenación del territorio o el medio ambiente y no tenga poder de decisión en los órganos de gestión del agua. "Es una contradicción", concluyó.