En opinión del presidente Barreda, la reforma del texto autonómico debe garantizar dos cuestiones esenciales para la región: el agua y la financiación.

En lo que respecta al agua, recordó que es imprescindible la modificación de las confederaciones hidrográficas y de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura y que su deseo es que Castilla-La Mancha sea corresponsable, cogestora y coprotagonista en los órganos de gestión del agua.

En este punto, Barreda afirmó que la política hidrológica es un eje vertebral de la estrategia regional de desarrollo y debe concebirse en torno a tres planteamientos: "cambiar la legislación que nos perjudica, hacer la obra hidráulica que necesitamos y usar responsable y eficazmente un recurso que es escaso".

En relación con la infraestructura hidráulica, apuntó que el acuerdo firmado con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en marzo de 2005, está "marcando un hito en la obra hidráulica de nuestra región".

A día de hoy, significó Barreda, el grado de cumplimiento de este acuerdo ronda el 85% y gracias a él ha comenzado a materializarse la tubería a la llanura manchega; el abastecimiento a los núcleos inmediatos al Acueducto Tajo-Segura en Cuenca, que se adjudicará en breve; el Plan de los Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, que ya está presentado; y, el abastecimiento a la Sagra, al Corredor del Henares, al Campo de Montiel y a la comarca de Almadén, así como la sustitución de los bombeos de riego en la Mancha Oriental.

Sobre el uso racional y eficaz del agua, en relación con la agricultura, el jefe del Ejecutivo autonómico valoró el hecho de que Castilla-La Mancha sea la segunda comunidad autónoma que más regadíos de interés social tiene en número de hectáreas, con 17.000, y que también ocupe el primer lugar en lo que a hectáreas regadas a presión y ahorro de agua se refiere.

Precisamente, afirmó que el Plan Especial del Alto Guadiana tiene como finalidad ahorrar agua manteniendo la renta de los agricultores.