El nuevo Estatuto, dijo Barreda en un encuentro informativo organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios en el Senado, "debe servir para que el trasvase Tajo-Segura, tal y como fue concebido, termine".

Este trasvase, denunció, se concibió para extraer agua de los embalses de Entrepeñas y Buendía al Segura "sin dejar ni una gota de agua en el camino" y esto "ya ha empezado a terminar".

De hecho, explicó, "ya hemos empezado a utilizar agua procedente del trasvase y la vamos a seguir utilizando en los pueblos ribereños de los pantanos, vamos a abastecer con agua del travase todos los municipios de la provincia de Cuenca que son atravesados por el canal y vamos a llevar agua los pueblos y ciudades de la llanura manchega".

La intención del Gobierno de Castilla-La Mancha es aprovechar la infraestructura del trasvase para sustituir regadios en La Mancha oriental de manera que se dejen de usar los acuíferos en favor de las aguas superficiales.

En 2015, advirtió, tienen que haber entrado en funcionamiento todos los planes de cuenca y las desaladoras que contempla la nueva normativa comunitaria, "lo que significa más agua en los pantanos de cabecera, más caudal circulante por el río y mayor dotación de agua" para satisfacer las necesidades. Sólo el cumplimiento de esas tres condiciones "podría satisfacer nuestras reivindicaciones".

La posición defendida por el presidente autonónico fue respaldada en el Parlamento castellano-manchego por el PP, que en cambio defiende la política de trasvases. Preguntado por la posible ruptura de ese consenso, Barreda dijo: "ni quiero, ni puedo, ni debo dudar de la buena fe del PP de Castilla-La Mancha, ni de su compromiso con el Estatuto" que se aprobó por unanimidad.