Este dato supone un "claro empeoramiento" de la sensación de fraude fiscal de los ciudadanos españoles respecto al año 2000, cuando esta cifra era del 35%, y es atribuido por el Barómetro a la "continua presencia en los medios de comunicación de casos muy notorios" de fraude. En 2001 saltó a la opinión pública el "caso Gescartera". El Barómetro Fiscal es una encuesta anual elaborada por el Instituto de Estudios Fiscales, organismo oficial adscrito al Ministerio de Hacienda, que se realiza sobre 1.500 entrevistas entre empresarios, profesionales, agricultores, asalariados e inactivos.

El último Barómetro, referido al 2001, se advierte un "cambio significativo" de la percepción ciudadana con respecto a la evolución del fraude fiscal. "En 2001 se rompe la tendencia que venía mostrando la opinión pública española a percibir una aulatina disminución de la conducta defraudadora y, por primera vez desde 1996, la percepción de aumento del fraude supera la percepción de disminución de dicha conducta", dice el Barómetro.

Mientras, el 58% restante de los encuestados, aunque reconoce que hay casos de fraude "importante e incluso bastantes engaños menores", considera que en general se pagan los impuestos de un modo "bastante correcto".

"A pesar de la percepción del aumento del fraude, predomina entre la población la opinión de qe el comportamiento fiscal de la mayoría de los contribuyentes es correcto", afirma el Barómetro.

EMPRESARIOS

Al igual que en Barómetros anteriores, los encuestados continúan pensando que el "grado de honestidad" fiscal se reparte de forma muy diferente entre los colectivos de contribuyentes.

De hecho, el 58% muestra su convencimiento de que existen ciertos colectivos que "defraudan habitual y sistemáticamente a la Hacienda Pública", como los empresarios, los profesionales liberales, los autónoos y los agricultores.

Así, el 73% de los encuestados creen que los empresarios defraudan, el 25% menciona como defraudadores habituales a los profesionales liberales, el 15% a los autónomos y el 11% a los agricultores. Los asalariados sólo aparecen mencionados en un 3% de los casos, puesto que tienen "controlada" su fiscalidad mediante las retenciones salariales.

Para los españoles, la "impunidad de los grandes defraudadores" (según el 42% de los encuestados) es la mayor causa de fraude fiscal, eguida de la "falta de honradez y de conciencia cívica" (40%), la ineficacia de la lucha contra el fraude (26%) y que los impuestos son excesivos (25%).

Estos datos inciden de nuevo en el repunte del aumento de sensación de fraude registrado en 2001, principalmente por un rebote en quienes alegan la "impunidad de los grandes defraudadores", a la vista de los casos que airean los medios de comunicación.

Finalmente, sobre una posible justificación del fraude fiscal, el 64% de los españoles cree queno se puede justificar "en ningún caso", frente a un 27% que justifica de uno u otro modo la conducta defraudadora, principalmente cuando choca con momentos personales difíciles.