La Mesa del Congreso tiene la obligación de trasladar esta petición al Gobierno, que cuenta con un plazo de 30 días para remitirlo a la Cámara.

Tan sólo en el caso de que tal documento fuera secreto de Estado el Ejecutivo podía negarse a su entrega, circunstancia que descartan los socialistas, al tratarse de un documento "emitido por un órgano oficial y que debía haber acompañado al propio texto de los Presupuestos", según aseguró el portavoz socialista en el Congreso, Juan Manuel Eguiagaray.

Los socialistas dudan, no obstante, de la existencia de tal informe y consideran que el primero de ellos, que levantó una fuerte polémica porque criticaba la evolución de las cuentas públicas, sigue siendo válido, puesto que se refiee a artículos de la Ley de Presupuestos que figuran literalmente en el texto defendido por Rato ante el Congreso.